La factura de prorrogar las medidas contra la inflación: 3.000 millones de gasto y un punto menos de IPC
Los cálculos del Banco de España apuntan que la extensión del actual paquete de ayudas sumaría dos décimas al crecimiento del año que viene. A la espera del detalle, el decreto que prepara el Gobierno apuesta por medidas focalizadas
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez (i) recibe el aplauso de la bancada socialista durante la segunda jornada de su investidura que se celebra en el Congreso de los Diputados, este jueves. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
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El Gobierno ultima los detalles del nuevo paquete de medidas contra la inflación al que dará luz verde este miércoles en Consejo de Ministros con una inflación aún pegajosa que no volverá a unos niveles razonables hasta pasado 2024. Sin embargo, y a pesar de que los precios -sobre todo, los de la cesta de la compra- siguen por las nubes, el 1 de enero significará también la vuelta al corsé de las reglas fiscales de la Unión Europea, que marcan unos límites del 3% del déficit público y del 60% de la deuda pública.
El Ejecutivo mantenía las conversaciones a contrarreloj durante este martes para cerrar los últimos flecos del noveno decreto ómnibus que aprobarán mañana y que prorrogará, según avanzó el propio presidente Pedro Sánchez, la rebaja del IVA de los alimentos básicos al 0%, así como el de pastas y aceites al 5%. El líder socialista también anunció que los descuentos en el transporte público permanecerían, siendo gratuitos para jóvenes y desempleados, pero con algunas dudas sobre la bonificación en los abonos de transporte.
Numerosas instituciones internacionales -Banco Central Europeo, Comisión Europea, OCDE o FMI, entre otros- han requerido al Ejecutivo que cese en las ayudas generalizadas para apostar por aquellas más focalizadas en los colectivos más vulnerables. Lo que se ha conocido hasta ahora parece que va por esa línea, con la prohibición de los desahucios de familias vulnerables hasta 2025, el mantenimiento del bono eléctrico o de la prohibición de los despidos en empresas que han recibido ayudas públicas.
La caída de la inflación resta urgencia a las medidas
Ahora bien, hay numerosas medidas que están en el aire. Por ejemplo, la extensión de las rebajas de los impuestos energéticos, a la vista de que se ha producido un recorte en las materias primas, pero eso supondría automáticamente un incremento en la factura de la luz. También está en duda que se prorrogue la subvención al carburante para los transportistas profesionales, ahora en cinco céntimos por litro consumido.
La discusión se produce en un momento en el que todos los observadores proyectan una ralentización económica y en el que, además, se reactivarán las reglas fiscales, con un modelo de transición hasta que entren en vigor en 2025. Eso sí: el corsé presupuestario exigirá un ajuste fiscal y el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a alcanzar el 3% del PIB de déficit el próximo año, desde el 3,9% en que cerrará este año. El Plan Presupuestario que envió el Gobierno todavía en funciones permitía alcanzar ese umbral con la expiración de todas las medidas contra la inflación que terminan este 31 de diciembre.
Sin embargo, ya sabemos que eso no va a ser así. El Ejecutivo de Sánchez tiene que hacer ahora equilibrios entre la necesaria consolidación fiscal para el año que viene, focalizando las medidas para hacerlas precisas a quienes más las necesitan, y contentar a los socios del Ejecutivo. Algunas, como la prohibición de los desahucios, han sido negociadas con EH Bildu y la parte izquierda de los socios, pero los de la derecha (PNV y Junts) también habrán de entrar en la ecuación. Y todo teniendo en cuenta que la inflación -sobre todo la subyacente- se encuentra en mínimos desde el estallido de la guerra de Ucrania.
Otra variable importante es que el año que viene, con una ralentización del crecimiento, las medidas fiscales de apoyo a la actividad pueden suponer un empujón importante. Según los cálculos del Banco de España, que proyecta un avance del PIB del 1,6% para el año que viene, la prórroga del paquete de medidas como hasta ahora supondría un coste de 3.000 millones de euros. Ahora bien, este gasto permitiría recortar el IPC de una media del 3,5% al 2,5% en todo el año, cercano a los niveles exigidos por el BCE. Y, a cambio, también supondría impulsar en dos décimas la actividad para 2024. Con estos mimbres Sánchez tendrá hacer encaje de bolillos para cerrar el primer gran decreto de la legislatura, una norma que no puede permitirse perder en el Congreso.
