La empresa se asoma a un 2025 de incertidumbre con la reforma del despido, el SMI y la jornada

Nueva sacudida para la empresa y sus planes para arrancar el año cuando apenas queda un mes de 2025. A la incertidumbre sobre qué pasará con el recorte de jornada y cuál será la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), se ha sumado una cuestión adicional: la reforma de la legislación sobre el despido, después de que el Consejo de Europa haya instado a España a encarecer el coste para hacerlo disuasorio y que, de esta manera, se cumpla con la Carta de Derechos Sociales.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, máximo intérprete de este tratado y organismo ajeno a la Unión Europea, instó este miércoles, tras una resolución de su Comité de Ministros, a que España «asegure que la cuantía pecuniaria y no pecuniaria de las indemnizaciones a las víctimas de un despido improcedente sean disuasorias para el empleador, de tal manera que se asegure la protección de los trabajadores ante esos despidos sin causa».

La reforma ha caído como un nuevo jarro de agua fría sobre la empresa española, ya que acelera los esfuerzos del Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, para hacer estos cambios en la legislación.

Como informó ECONOMÍA DIGITAL, la idea del Ministerio de Trabajo era abordar el año próximo año la reforma, una vez finiquitada la negociación para recortar la jornada laboral legal de 40 horas a 37,5 horas. Sin embargo, tras once meses de negociación, estas conversaciones aún no han llegado a buen puerto. La CEOE se descolgó del acuerdo y ahora el departamento de Díaz ya prepara, aunque sin fecha, un pacto con los sindicatos para sacar adelante la norma.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron esta semana, antes de conocerse la resolución europea, que los cambios en la legislación por despido se producirían a lo largo de 2025, tomándose su tiempo para, en primer lugar, cerrar la negociación de la jornada, y después sacar adelante el Estatuto del Becario. Esta última ley, mandatada por la reforma laboral de 2021, se cerró con un acuerdo con los sindicatos en junio de 2023, antes de las elecciones del 23-J. Sin embargo, en el área económica del Gobierno, dirigida por el PSOE, no terminó de convencer y quedó guardada en un cajón. Hasta hoy.

La decisión trastoca ahora ese calendario más pausado que pretendía el Ministerio de Trabajo y puede afectar también a las negociaciones de Yolanda Díaz con las fuerzas parlamentarias, singularmente con Junts y el PNV, para conseguir un acuerdo que garantice que la reducción de la jornada saldrá adelante en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta aprovechó, incluso, el Congreso de UGT para reclamar a Alberto Núñez Feijóo, primer presidente del PP en acudir, que su partido permita la tramitación de la ley.

La decisión europea insta al Gobierno español a que «revise y modifique la legislación relevante» de tal manera que «se asegure que la compensación en el caso de una indemnización por despido, y cualquier escala empleada para calcularla, tenga en cuenta el daño real que sufren las víctimas y las circunstancias individuales de cada caso». El Gobierno deberá, además, reportar qué acciones ha tomado a cabo para asegurar el cumplimiento de esta recomendación en un informe a posteriori.

Además de hacer el despido «reparativo», en el Gobierno ya contemplan abordar una reforma mayor en el seno del diálogo social que se amplíe a las causas del despido.

En concreto, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha puesto el foco en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, precisamente los que abordan esta cuestión para los despidos individuales y también los colectivos.

En concreto, el Ejecutivo quiere eliminar una mención concreta dentro de las causas económicas que justifican los despidos. Ahora mismo, con la reforma laboral de 2012 que elaboró la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, se puede justificar esta decisión para una compañía con «una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas».

Esas «pérdidas previstas» es con lo que quiere acabar el Gobierno, ya que entiende que se pueden justificar esos despidos con «futuribles».

El Banco de España advirtió sobre la posibilidad de este despido restaurativo en su Informe Anual del año 2023, publicado a finales de abril. «Para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo, podría resultar adecuado seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos. Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativo, que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador», apunta el supervisor.

Si la decisión de la institución del Consejo de Europa se implementa y se crea un ‘despido variable’, esto «aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo».

En el horizonte se encuentra también la subida del SMI. Esta semana la vicepresidenta Díaz convocó a un comité de expertos para abordar su subida. Si bien aún no se ha expresado ninguna cifra ni horquilla concreta, la vicepresidenta señaló dos pistas. Por un lado, que la subida tendrá que garantizar que no haya pérdida de poder adquisitivo, lo que implica que subirá algo más que la inflación. Por otro, que tampoco se perderá la referencia de mantener el 60% del salario medio, como indica la Carta de Derechos Sociales.