La cuantía de las deducciones, el principal escollo para sacar adelante el ‘impuestazo’ energético

La cuantía de las deducciones a las empresas energéticas realicen inversiones en descarbonización está atascando la salida adelante del nuevo impuesto al sector, la reforma del gravamen extraordinario que ahora mismo está en vigor (y en tiempo de descuento) sobre los beneficios ‘caídos del cielo’ por los precios disparados de la factura de la luz.

Así lo señaló la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante las conversaciones informales tras el acto de la Constitución en el Congreso el pasado viernes. El Gobierno aún no ha citado a los partidos del bloque de la investidura a una comisión donde se negociaría el diseño de ese futuro impuesto, sobre la base del gravamen que ahora mismo está en vigor y que decae el próximo 31 de diciembre.

Esta comisión fue una de las exigencias de Podemos para dar su apoyo a la ley de la reforma fiscal que ahora mismo se encuentra en el Senado, y que contiene el fundamental impuesto al sector bancario. Sin embargo, dos semanas después de esa votación clave, el Gobierno aún no ha dado pasos para esa cita, donde se tendría que negociar una proposición de ley con el consenso de todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez el pasado año para hacer permanente ese tributo temporal.

Ahora bien, en Hacienda reconocen que las deducciones incluidas en ese impuesto están siendo la piedra en el zapato: deben ser lo suficientemente cuantiosas para no desincentivar inversiones necesarias -aquí es donde tienen los ojos puestos tanto Junts como el PNV-, y, al mismo tiempo, aumentar la presión fiscal de las empresas energéticas para contentar al ala izquierda de los socios del Gobierno.

Cuando quedan apenas 20 días para que termine el año y la vigencia del gravamen, en el Ministerio de Hacienda piden «consenso» y descartan activar la prórroga del gravamen extraordinario -lo que pactó con ERC, EH Bildu y BNG- hasta que no sea necesario, ya que temen que eso podría romper todas las negociaciones.

«El acuerdo era que si no éramos capaces de ponernos de acuerdo en un impuesto, nosotros traeríamos la prórroga del gravamen a riesgo de que lo tumben. ¿Merece la pena acortar la negociación o merece la pena seguir profundizando en el diseño de un impuesto con deducciones?», se preguntó Montero.

Con todo, en Hacienda hay optimismo sobre las posibilidades reales de conseguir un acuerdo y de que llegue antes de finales de año, de tal manera que el Gobierno no tenga que aprobar un Real Decreto-Ley con la prórroga del gravamen que estaría abocado a no ser convalidado en el pleno del Congreso.

Los galones preceden a Montero, que consiguió cerrar un acuerdo con el PNV y Junts para mantener el impuesto a la banca y, después, unir a los partidos de izquierda en un paquete fiscal que consiguió reeditar la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, sumando también a Coalición Canaria al conglomerado.

En el Gobierno se muestran prudentes pero ven más cerca los Presupuestos Generales del Estado ante el entrenamiento que ya han mantenido con las conversaciones para la reforma fiscal. A esto se suma que, con socios fundamentales como Junts, hay más «confianza», dicen.

Con todo, en Hacienda dan por hecho que no habrá senda de déficit aprobada antes de finales de año, como tampoco unos Presupuestos Generales del Estado antes de la primavera. Esto abocará a una nueva prórroga, la segunda, de las Cuentas públicas que el Ejecutivo aprobó para 2023.