La CNMC advierte que el Gobierno puede imponer condiciones adicionales en la compra de BBVA a Sabadell

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha señalado que el proceso de valoración del organismo sobre la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell podría alargarse más de ocho meses, ya que una operación similar, la de la absorción de Bankia por laCaixa, se movió en estos plazos y, en este caso, ambas entidades se mostraron cooperativas.

«La operación de Caixa-Bankia, entre notificación y notificación, fueron entre seis ocho meses, en la que ambas iban de la mano y proporcionaban la información desde el primer momento. Este es un escenario complicado», ha reconocido durante una intervención en el curso de verano que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

El proceso que sigue la CNMC, ha detallado Fernández, tiene tres fases. Una primera con un mes de plazo, en el caso de que la operación sea sencilla. Una segunda fase de valoración, con tres meses de plazo, para analizar posibles compromisos por parte de la empresa o condiciones impuestas por la CNMC. Y ya la tercera, en la que entraría el Consejo de Ministros, con dos meses adicionales. En todos estos casos, el reloj se para en cuanto la autoridad solicita información adicional y no se reactiva hasta que la recibe.

Es en esta tercera donde el Gobierno, basándose en «una visión de ámbito político o de estrategia de interés general», podría establecer condiciones adicionales a las que exigiera el regulador. «Siempre que se basen en los motivos de la ley», ha subrayado Fernández.

Entre ellos, según el redactado de la Ley de Defensa de la Competencia, el Ministerio de Economía podría imponer remedies adicionales al BBVA y Sabadell por cuestiones de defensa y seguridad nacional; protección de la seguridad o salud públicas; libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; protección del medio ambiente; promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

Con todo, Fernández, que ha negado que existan presiones políticas en torno al análisis de la operación, ha asegurado que no cree que existe discrecionalidad del Ejecutivo, que se ha opuesto con firmeza a la operación, al respecto. «No creo que sea discrecional porque la ley establece muy bien cuáles son los objetivos», ha apuntado.

La presidenta de la CNMC ha insistido en que es muy excepcional el recurso a la prohibición de la fusión por parte de Competencia, pero ha abierto la puerta a compromisos por parte de las empresas o incluso condiciones que incluyan desinversiones en algunos mercados o actividades de la entidad resultante.

Sobre los plazos y la intervención de otros reguladores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la presidenta ha reconocido que puede producirse cierta «incertidumbre» a los accionistas si se autoriza la compraventa de acciones del Sabadell pero el veredicto de la CNMC luego impone desinversiones.

«No hay una prejudicialidad de uno sobre otro. En el caso de las opas, no se pueden ejecutar los derechos de voto hasta que no haya un levantamiento de la suspensión, que se nos puede pedir. Son los plazos previstos, no sé si se puede producir una situación de incertidumbre, pero habrá que hacer el análisis igual», ha zanjado.