La Caixa cierra el grifo del crédito a la Generalitat

¿Política? ¿Puras finanzas? En medio del debate soberanista y con un nuevo Govern de CiU, amparado por ERC, la primera entidad financiera del mercado español ha decidido dar un cerrojazo al grifo del crédito para la administración autonómica catalana que preside Artur Mas (CiU). Ese mensaje ya ha sido trasmitido a los altos cargos que elaboran los presupuestos de 2013, según ha podido saber Economía Digital. Y, además, no ha sido el único recibido desde la banca.

La Caixa no aumentará su exposición crediticia por encima de los algo más de 8.000 millones de euros que tiene otorgados al conjunto del sector público catalán. Esa decisión ya la conoce el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell (CiU), y su equipo de colaboradores. La apelación a créditos bancarios que eleven esa cifra, por tanto, será imposible en el ejercicio recién comenzado.

¿Argumentos financieros o políticos?

Las razones esgrimidas por Caixabank, el banco que preside Isidro Fainé, son puramente financieras, según miembros del Govern. Al menos así han recibido la comunicación: el grado de exposición es muy elevado. Caixabank tenía acumulado a 30 de junio pasado un crédito con todas las administraciones públicas por importe de 14.378 millones de euros. Los más de 8.000 concedidos a la Generalitat suponen un 55% de su cartera de préstamos a esa tipología de clientes. Aumentar los préstamos a una administración como la catalana, con una calificación de bono basura, daña los ratios del banco a efectos de solvencia.

Sin embargo, altos responsables del Ejecutivo catalán consultados por Economía Digital también interpretan que más allá de las argumentaciones técnicas esgrimidas por Caixabank coexisten otros elementos políticos. En la cúpula del banco no se ha visto con buenos ojos la deriva soberanista de Mas ni el apoyo político recabado en las filas de ERC. Menos todavía, la imposición de un impuesto autonómico a los depósitos bancarios. Desde el Govern se sospecha que la restricción crediticia constituye un castigo a las políticas aplicadas.

Necesidad de amortizar

De acuerdo con las fuentes financieras consultadas, los 8.000 millones de endeudamiento son el límite máximo que Caixabank mantendrá de riesgo crediticio con la Generalitat y todos sus organismos autónomos. Para aspirar a nuevos créditos con la entidad bancaria, la Generalitat deberá amortizar operaciones abiertas. Una de las vías posibles son los recursos que reciba del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Estado, al que se solicitarán 18.000 millones de euros.

Oliu también se suma

Esa situación no es exclusiva de La Caixa. El otro gran banco catalán, el Sabadell que preside Josep Oliu, también ha decidido reducir su exposición con la administración autonómica y ha solicitado que se amorticen préstamos vigentes, según explican fuentes del mercado financiero. Este banco tampoco ha sido un valedor de las aspiraciones independentistas de Mas.

Se da la circunstancia de que el grupo que preside Fainé es el primer financiador bancario de la administración catalana si se considera que en las cuentas de la Generalitat cerradas a finales de septiembre pasado la deuda sólo en préstamos y créditos diversos ascendía a unos 11.000 millones de euros.

6.000 millones en pagos en 2013

De acuerdo con la información publicada por el departamento de Mas-Colell, durante 2013 la Generalitat deberá atender vencimientos de deuda por importe de entre 6.000 y 10.000 millones de euros, entre ellos emisiones de títulos entre ahorradores, los bautizados como bonos patrióticos, que llegan al final de su plazo. El próximo abril vencen 2.300 millones que se pagarán con recursos del FLA.

La Generalitat sí que ha logrado el compromiso de La Caixa de que se produzcan determinadas renegociaciones en los créditos vivos que permitan aliviar las cargas financieras presentes. De hecho, el grupo de la Diagonal admitía en su informe financiero de julio pasado esa política: “Caixabank está acomodando las cuotas a corto plazo a las disponibilidades actuales del deudor”. Una política que, según señala la entidad en su información pública, extiende al conjunto de su clientela.