La brecha salarial de los funcionarios: 19.000 euros de diferencia entre un catalán o vasco y un gallego
Un informe del sindicato CSIF destaca que los funcionarios de la Administración General del Estado son los peor pagados y reclaman una compensación para que, a igual trabajo, se pague el mismo salario
Funcionarios./ EFE
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El sector público se encuentra en máximos de empleo: la barrera de los tres millones de funcionarios ya se ha superado y cada vez hay más personal al servicio de las Administraciones Públicas. Salario y estabilidad laboral son las principales razones para empezar una oposición o buscar un empleo público, pero las diferencias entre Administración son abismales.
Por ejemplo, el País Vasco y Cataluña son las dos Administraciones que mejor pagan a sus empleados públicos, seguidos bastante de lejos por la Comunidad de Madrid o Navarra. Las comparaciones son odiosas: un funcionario del grupo A1 y el nivel 28 cobra hasta 19.000 euros más en el País Vasco y Cataluña que en Galicia, la comunidad autónoma con un salario más bajo.
Si tomamos la referencia de los empleados de la Administración General del Estado (AGE), la brecha salarial alcanza los 20.000 euros al año, prácticamente una tercera parte de la paga anual.
Un informe elaborado por el sindicato CSIF, el mayoritario en la Función Pública, y publicado esta semana destaca las enormes diferencias que existen entre los diferentes niveles de la Administración. No solo a nivel autonómico, también en el subsector local: un funcionario A1 de nivel 28 en el Ayuntamiento de Barcelona puede cobrar 25.000 euros más al año que un empleado público de su misma escala pero que trabaja para el Gobierno central.
En detalle, de acuerdo con los cálculos del sindicato, los empleados públicos de la AGE cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de CCAA y Ayuntamientos por el mismo trabajo. Esto es la media porque el informe -y la tabla sobre estas líneas- muestra que las diferencias salariales pueden ser, de media, de entre 11.826 y 4.349 euros al año en el caso del personal funcionario; y de entre 10.087 y 3.523 euros, en el caso del personal laboral.
La equiparación salarial para los funcionarios estatales es una de las reivindicaciones del sindicato, que ha convocado movilizaciones ante el Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias para los próximos 11 de noviembre y 16 de diciembre. Según los cálculos del sindicato, harían falta 1.487 millones de euros repartidos en tres años (2025, 2026 y 2027) hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.
Con todo, eso no evita que los funcionarios hayan perdido más de un 20% de poder adquisitivo desde los recortes que aplicó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en plena crisis financiera.
El acuerdo salarial con los funcionarios es una de las principales carpetas que tiene el nuevo ministro de la Función Pública, Óscar López, encima de su mesa. El sindicato no descarta que las movilizaciones se conviertan en paros parciales o puedan desembocar en una huelga, si no se atienden sus peticiones.
En concreto, la central exige un nuevo acuerdo retributivo que compense la pérdida de poder adquisitivo del 5% desde el firmado hace dos años; la equiparación salarial con el resto de administraciones, una oferta de empleo público sin tasas de reposición, culminar el proceso de estabilización del personal, mejoras en la jubilación, una jornada de 35 horas en todo el Estado, así como la mejora de la asistencia sanitaria en Muface, Mugeju e Isfas.
El sindicato reprocha al ministro López que no se haya producido una reunión formal, más allá de una primera toma de contacto, para abordar estos temas que preocupan a funcionarios y empleados públicos. "Están pasando las semanas y el Gobierno hace oídos sordos a nuestras peticiones de comenzar a negociar", deploró su presidente, Miguel Borra.
