Junts exige las 13.000 casas de Sareb en Cataluña y complica el arranque de la Empresa Pública de Vivienda
El partido de Carles Puigdemont lleva una proposición no de ley al Congreso para traspasar a la Generalitat 13.000 viviendas, 1.700 obras en curso y 3.000 solares en manos del 'banco malo'
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el presidente de Junts, Carles Puigdemont. ECONOMÍA DIGITAL
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La puesta en marcha de la Empresa Estatal de Vivienda puede ser más complicada para el Gobierno de lo que se prometía en un principio: aprovechando el germen de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), el Ejecutivo de Pedro Sánchez quería concentrar todas las casas y el suelo en manos de la Administración Central para tratar de amortiguar el problema de la vivienda.
Sin embargo, y a pesar de que los cambios normativos no van a ser un problema, Junts y sus siete diputados en el Congreso han vuelto a poner una piedra en el zapato del Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, que puede complicar su arranque efectivo.
La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana debatirá este martes una proposición no de ley presentada por los neoconvergentes en la que se insta al Gobierno a traspasar todas las viviendas y el suelo en manos de la Sareb a la Generalitat de Cataluña, ahora mismo gobernada por el PSC de Salvador Illa, así como a poner a su disposición la financiación suficiente para efectuar la rehabilitación de todas estas casas.
«Una importante aportación para reducir el déficit de vivienda pública pasa por transferir a las comunidades autónomas, con la fórmula que se acuerde, el patrimonio de la SAREB y que este pueda destinarse, especialmente, a paliar el problema de acceso de los jóvenes a una vivienda, y a urgencias sociales», argumenta la proposición no de ley.
El registro de la misma se hizo el 16 de octubre del año pasado, mucho antes de que el presidente Pedro Sánchez aprovechara su relección como secretario general del PSOE para anunciar la puesta en marcha de la Empresa Estatal de Vivienda, el 1 de diciembre.
Con todo, esta propuesta marca un nuevo frente con los neoconvergentes, que reclaman el traspaso al Gobierno autonómico de todo el patrimonio de la Sareb en Cataluña: «Dispone de más de 13.000 viviendas, más de 1.700 obras en curso y casi 3.000 solares en Cataluña como fruto del rescate de varias entidades bancarias con recursos públicos».
El objetivo, señala la proposición que se debatirá este martes, es «impulsar un plan para aumentar el número de viviendas destinadas a la emancipación juvenil y a un uso social que hoy en día siguen en manos de entidades financieras, cosa que se debe corregir». Sin embargo, critican la velocidad con la que se han efectuado algunos de los traspasos del suelo a las entidades regionales: «Este mes de julio, la Sareb anunció la cesión de 12 de estos casi 3.000 solares a Cataluña para construir 668 pisos de alquiler asequible. Se calcula, que si la Sareb cede 12 viviendas cada año, Cataluña necesitaría unos 240 años para obtener la totalidad de los solares».
«La población de Cataluña no puede esperar más. Se trata de unas viviendas que la ciudadanía —a través del Estado— ya pagó, y ahora tienen que ser útiles. Por esta razón, el debate legal sobre la titularidad de estos inmuebles debe resolverse de forma rápida, inteligente y pensando especialmente en los jóvenes y los colectivos sin vivienda», urgen la portavoz Miriam Nogueras y la diputada Marta Madrenas, las diputadas firmantes.
El Gobierno ha convertido a la sucesora de Sepes -el nombre aún está por determinar- en el eje clave para efectuar su política de vivienda, toda vez que la mayor parte de las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas. De hecho, a finales de año aprobó un refuerzo en su estructura administrativa de cara a las nuevas funciones que iba a asumir.
A principios de año Sánchez anunció la transferencia de más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para la puesta en marcha de hogares destinados al alquiler asequible. También confirmó que absorberá más de 30.000 casas en manos de la Sareb y tendrá prioridad a la hora de comprar vivienda y suelo.
La Comisión de Vivienda debatirá también sobre otras siete proposiciones no de ley de Sumar, PP, PSOE, Vox y el Grupo Mixto, que abarcarán desde la baja ejecución del Presupuesto del Ministerio de Vivienda hasta la ilegalización de las empresas de desokupación. Además, el Pleno votará tres mociones de Podemos, Vox y PP sobre las interpelaciones a la ministra Rodríguez de la semana pasada, que podrían afear su gestión en el año largo de mandato.
