La jornada de Yolanda Díaz desata un caos y obliga a reabrir 2.000 convenios en 2025

La reducción legal de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 horas va a obligar a los negociadores de los convenios colectivos a reabrir los acuerdos alcanzados para incluir los cambios en lo referente a la duración del tiempo de trabajo, lo que supondría la reapertura de más de 2.000 mesas de negociación.

La disposición transitoria primera del borrador del Anteproyecto de Ley para la Reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión da, una vez que entre en vigor, hasta el 31 de diciembre de 2025 para que se adopten los cambios pertinentes.

El texto, al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, apunta que «las comisiones negociadoras de los convenios colectivos que a la entrada en vigor de esta norma contemplen una jornada superior a las treinta y siete horas y media semanales de promedio anual dispondrán de un plazo hasta 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo previsto en esta norma, en particular, lo establecido respecto a la jornada ordinaria de trabajo máxima en el artículo 3 de este Ley».

Esto implica que, si tomamos lo últimos datos de convenios registrados (hasta noviembre de este año), 2.418 tendrían que reabrirse. De acuerdo con las últimas cifras, de los 3.556 acuerdos con efectos económicos en 2024, solo 1.138 registran una jornada de menos de 1.712 horas al año, lo que resulta de computar para todo el ejercicio las 37,5 horas semanales.

Estos 2.418 convenios colectivos que tendrían que reabrirse cubren a 1.181.804 empresas y 10.095.773 trabajadores, por lo que son el grueso de los trabajadores protegidos. En total, si acudimos a las cifras que mensualmente publica el Ministerio de Trabajo, los convenios colectivos cubren a 1.218.266 empresas con 10.267.554 trabajadores.

Una de las reclamaciones de la patronal era que se implementara una flexibilidad a la entrada en vigor de la norma, permitiendo que la nueva jornada se fuera incorporando conforme fueran expirando los convenios colectivos, algo a lo que el Gobierno se opuso desde el primer momento.

En los últimos días, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había abierto la puerta a dar un mayor margen a las empresas para adoptar el recorte de jornada, algo a lo que se opuso la vicepresidenta Yolanda Díaz. El acuerdo, rubricado este viernes por los sindicatos y sin las patronales CEOE y Cepyme, contempla que la nueva jornada entre en vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

«La reducción de la jornada laboral se producirá tal y como está suscrito en el acuerdo de Gobierno y entrará en vigor en el año 2025», dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo durante el acto de firma, en un emocionado discurso en el que llegaron a saltársele las lágrimas tras una semana de tensión en el seno del Ejecutivo.

Lo que sí entrará con un cierto decalaje es el nuevo registro horario, que tendrá que ser íntegramente digital y con acceso directo de la Inspección de Trabajo y de los representantes de los trabajadores. El Gobierno da seis meses de margen a las empresas para adaptarse a esta nueva obligación, un margen temporal en el que el Ejecutivo desarrollará el reglamento que dé cobertura a este nuevo mecanismo de control del tiempo de trabajo.

Como novedad, además, la empresa tendrá que entregar un recibo de las horas trabajadas en el mes junto con la nómina correspondiente.

El acuerdo para la jornada incluía, aparte del registro horario, el reconocimiento del derecho a la desconexión digital, lo que impedirá a los responsables de las empresas dirigirse a sus empleados en sus tiempos de descanso, aunque esto estará sujeto a las excepciones que se cierren dentro de la negociación colectiva.

La ley prevé también que el Gobierno ponga en marcha una mesa de Diálogo Social con trabajadores y sindicatos «con el objeto de evaluar los resultados de la reducción de jornada establecida en esta norma y de seguir avanzando en la reducción de la duración máxima de la jornada legal ordinaria de trabajo, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas».

Eso sí, no aporta plazos de cuándo debería producirse esta evaluación ni cuáles serían los pasos a seguir en la reducción de jornada, como tampoco establece que esta reducción deba producirse por la vía legal.