Europa golpea a la banca con su dictamen sobre el IRPH
El Abogado general de Unión Europea recomienda que se valore la transparencia en el proceso de venta de cada hipoteca
Europa ha dejado la puerta abierta para que los juzgados valoren si el proceso de venta de una hipoteca vinculada al índice IRPH se había realizado con transparencia, o no. El Abogado General, en sus conclusiones, recomienda al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que responda al juzgado de Primera Instancia de Barcelona que ha elevó la cuestión prejudicial, que efectúe «el control de transparencia» de la cláusula.
Esta decisión abre la puerta a que el TSJU dictamine algo similar y aunque prolonga la inestabilidad de la banca española, que cuenta con más de 16.000 millones de hipotecas vinculadas a este sector, por el momento, la Justicia europea no duda de la validez de este indicador hipotecario; que durante años fue publicado por el Banco de España.
Fuentes financieras señalan que una las claves de sus recomendaciones (que, no obstante, no son vinculantes y que pueden variar de las que posteriormente realice el TJUE), es que en ningún caso invalida el índice hipotecario figura como abusivo. Este escenario sería el más perjudicial para la banca; algo que, en un principio, no pone en duda el Abogado General.
Caixabank o Bankia son dos de las entidades más afectadas, de acuerdo con los analistas. Goldman Sachs fijó un impacto comprendido entre los 7.000 y los 44.000 millones para el sector; aunque teniendo en cuenta que se reclamaran un 100 por 100 de los afectados.
El proceso legal se puede alargar durante un tiempo. Tras el dictamen del Abogado General, se producirá el del TJUE, que no se espera que llegue hasta dentro de unos meses. Los consumidores incluso lo posponen
Posteriormente, en base a las conclusiones, será el juzgado de Primera Instancia de Barcelona el que se pronuncie. Otros juzgados podrán seguir las recomendaciones europeas también; pero serán sentencias recurribles, que podría volver a llegar hasta el Tribunal Supremo.
Elevada litigiosidad
Para los expertos, el conflicto abierto entre los consumidores y los bancos llegaba a un punto y aparte con el caso del IRPH. Tras las demandas colectivas abiertas por la comercialización de ciertos productos financieros (preferentes o bonos subordinados), cláusulas suelo o hipotecas multidivisas, este parece que sea el último capítulo a corto plazo en la fuerte litigiosidad a la que se ha enfrentado la banca española en los últimos años por la comercialización de productos.
De hecho, la aprobación de la Ley Hipotecaria, el pasado mes de marzo, era esperada tanto por el sector, como por los usuarios para crear seguridad jurídica. En el nuevo articulado, que se ha retrasado años, se ha establecido que el banco asuma todos los gastos derivados de la constitución de la hipoteca; excepto el de tasación.
El Tribunal Supremo, el pasado otoño, dictaminó que se debían repartir los gastos entre los clientes y las entidades -excepto en el caso del polémico impuesto de Actos Jurídicos Documentados que le correspondía al hipotecado-. Esta decisión salomónica ha frenado gran parte de la ligitiosidad, ya que la hipotética cantidad a cobrar es inferior a los gastos legales en los que podrían incurrir.