El traspaso del Ingreso Mínimo Vital convence a medias a las comunidades autónomas

Tras el ofrecimiento de Pedro Sánchez al presidente catalán Pere Aragonès que esta comunidad gestione el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no todas las autonomías están convencidas de asumir esta carga, aunque ninguna ha descartado solicitarlo.

Según un relevamiento realizado por EFE, hasta ahora solo hay otras cuatro comunidades que sí están a favor de tener la potestad del IMV, como ya lo ejecutan País Vasco y Navarra, y son Cantabria, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Galicia.

Mientras que Baleares y Canarias estarían de acuerdo solo si el traspaso se produce en condiciones “que consideren adecuadas”, Andalucía y Extremadura no han tomado ninguna decisión al respecto y lo solicitarán únicamente si entienden que así se prestaría mejor el servicio.

De las restantes seis comunidades, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja no se pronuncian por el momento “por falta de un conocimiento detallado de la propuesta del Gobierno”.

Y mientras que Madrid defiende que se debe negociar con todas las comunidades, Aragón especifica que debe tratarse en una conferencia sectorial.

El origen: el acuerdo con Cataluña

La transferencia de la gestión del IMV a Cataluña fue uno de los acuerdos que alcanzaron el pasado 21 de diciembre en Barcelona Pedro Sánchez y Pere Aragonès, que recordó que era una demanda «histórica» de la Generalitat, pero una semana después el presidente del Gobierno anunció que la medida se extenderá a las autonomías que lo soliciten.

Esta ayuda, que el Gobierno puso en marcha en junio de 2020, ha beneficiado en 2023 a 2,15 millones de personas.

Las CCAA que sí quieren la gestión

Las comunidades que ya han dicho que sí quieren este traspaso son cuatro del PP, entre ellas Galicia, que de hecho ya lo tenía comprometido con el anterior ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y en diciembre reiteró su petición al Gobierno para que acometa de manera “inmediata” la cesión.

A falta de ver «la letra pequeña», la Junta de Castilla y León ha anunciado que pedirá la gestión total del Ingreso Mínimo Vital, que ya intentó sin éxito cuando se puso en marcha en 2020, en iguales condiciones que lo tienen País Vasco y Navarra, y también con los recursos necesarios.

La Generalitat Valenciana también ha dicho que va a reclamar el traspaso de la gestión del IMV para poder mejorar la compatibilidad con la Renta Valenciana de Inclusión, aunque fuentes del Gobierno autonómico han subrayado que debe ir acompañado de recursos económicos, técnicos y personales.

Igualmente, Cantabria pedirá al Gobierno el traspaso y su financiación, también con el objetivo de mejorar la coordinación, agilización de la tramitación y concesión de esta prestación, si bien ha puntualizado que desconoce los condicionantes que se incluirán.

Un sí que depende de la financiación

Canarias también quiere gestionar el IMV, como ya había pedido al ministro Escrivá, pero, como ha dicho su consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, «va a depender de cómo se financia y con qué personal».

En esa misma línea, el Govern balear considera positiva la cesión de una ayuda que cree que ha estado “muy mal gestionada por la Administración central”, pero solo asumirá la responsabilidad si le llega en las condiciones “adecuadas”.

El Gobierno andaluz no ha tomado una decisión concreta, pero si al analizar el asunto entiende que esa competencia se prestaría mejor por parte de la Junta que del Estado pediría las competencias, según su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco.

Lo mismo que la Junta de Extremadura, desde la que han apuntado que si valoran que esa competencia se prestaría mejor por su parte que por el Estado, la pedirán, siempre que vaya acompañada de los recursos y fondos necesarios.

Análisis de las condiciones

Las dos comunidades gobernadas por el PSOE que no tienen esta competencia -Navarra sí-, tampoco parecen emocionadas ahora por la oferta de Sánchez.

En el Gobierno de Castilla-La Mancha aseguran que solo conocen por el momento la voluntad de llevar a cabo la cesión. Están en disposición y abiertos a escuchar la propuesta, las condiciones y la manera de hacerlo, y en función de eso estudiarán la propuesta.

En el caso de Asturias, un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha asegurado no tener por el momento un conocimiento formal de las condiciones de la cesión de la gestión del IMV y ha advertido de que la convivencia en el Principado de dos rentas mínimas con una amplia cobertura sitúa a la región en una posición diferente al del resto de comunidades del régimen común.

El ejecutivo riojano ha indicado que, de momento, tiene que estudiar el detalle de las condiciones de una cuestión que considera «de calado», mientras el murciano, por boca de su portavoz, Marcos Ortuño, opina que lo que está haciendo el Gobierno central es ceder a las comunidades la gestión de una ayuda «que ha demostrado su incapacidad para concederla con agilidad».

Por su parte, Madrid defiende que el Gobierno central negocie con «todas» las comunidades porque desconoce qué ha negociado con Cataluña y Aragón, que asegura haber conocido la noticia por los medios de comunicación, sostiene que esta cuestión se debe tratar en la conferencia sectorial del ramo para poder valorarla una vez disponga de toda la información por el cauce reglamentario.