El impuesto a los seguros aleja al PNV de la reforma fiscal, que amenaza con tumbarla y empezar de cero

El Ministerio de Hacienda tiene poco más de 24 horas para conseguir que su trabajo de funambulismo dé sus frutos y unir en su reforma fiscal a todos los socios que dieron luz verde a la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, convencer con la política de impuestos a las izquierdas a la izquierda del PSOE (Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu) sin espantar a los partidos nacionalistas de derecha (PNV y Junts). Un delicado y complejo equilibrio que podría dar al traste con el proyecto normativo.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decidió atar primero al flanco más débil, cerrando un acuerdo a dos bandas con el PNV y Junts que permitía la permanencia del impuesto a la banca, así como otras subidas de tributos o nuevos gravámenes, como el de los vapeadores. Pero lo hizo sin pactarlo con Sumar, el socio minoritario de la coalición, con quien rubricó un documento aparte presentado este lunes.

Los acuerdos a ambos extremos ya han provocado las suspicacias de los socios y el PNV, famoso por intuir por dónde van los vientos de la política, ya ha avisado que puede que caiga la reforma fiscal completa para empezar la negociación de cero.

El escollo ahora mismo no está en el impuesto al sector energético, una de las medidas estrella del Gobierno que tuvo que dejar caer para convencer al binomio Junts-PNV. Está en uno de los apartados del acuerdo entre PSOE y Sumar: la eliminación de la exención a las primas de seguros sanitarios privados.

Las fuerzas de izquierda justificaron esta supresión porque «tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta». Pero los jeltzales, en palabras de su portavoz Aitor Esteban, «no van a pasar» por ahí, ya que en el País Vasco hay «muchísima gente» suscrita a estos seguros.

«Lo que no entiendo es lo de Sumar. Forman parte del Gobierno, si se presenta un proyecto a la hora de presentar enmiendas se supone que las han tenido que hablar antes, ¿Qué espectáculo es este?«, cuestionó Esteban.

La medida también ha causado una airada reacción por parte de la patronal Unespa, que advirtió de los potenciales efectos sobre el Servicio Público de Salud: «Al cierre de 2023, el seguro privado de salud contaba con 12,4 millones de asegurados distribuidos por toda España. Es decir, uno de cada cuatro ciudadanos decide voluntariamente contratar esta protección. Se trata de personas de muy diversos perfiles socioeconómicos que no consumen servicios sanitarios públicos o lo hacen de una manera mucho más reducida».

El Gobierno decidió que el vehículo más rápido para tramitar la reforma fiscal era enmendar un proyecto de ley que ya estaba en el Congreso, el del Impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, que es una trasposición de una directiva europea de obligado cumplimiento. Precisamente al tratarse de una norma comunitaria que España ha de adaptar bajo pena de multa, en el PNV apuntan a la posibilidad de dar luz verde a este tipo mínimo, pero dejando el resto del paquete fiscal en el camino.

También EH Bildu, que se ha convertido en los últimos meses en uno de los socios más fiables del Ejecutivo, reclamó en un comunicado «reiniciar la negociación con todos los grupos que conduzca a un acuerdo amplio, equilibrado y global viable» para la reforma fiscal.

ERC, EH Bildu y Podemos, cuyos votos son clave para que salga adelante la subida de impuestos, insisten en la permanencia del gravamen a las energéticas, algo que choca con las pretensiones de Junts y PNV. De hecho, las formaciones nacionalistas de izquierdas ya han advertido que de ahí «no se van a mover», poniendo en cuestión un potencial acuerdo.

“Las energéticas se están haciendo de oro a costa de contaminar y de acelerar el cambio climático. Si la emergencia climática cuesta vidas, los primeros que deben arrimar el hombro son los causantes de dicha emergencia. El Gobierno no debe eliminar el impuesto al oligopolio energético, tiene que duplicarlo”, apuntaron desde Podemos en un mensaje en redes sociales.

Mientras, el PSOE y Sumar tratan de vender optimismo y las ventajas del acuerdo. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, aseguró estar «convencido» de que habrá un pacto para sacar adelante la norma. «Estamos convencidos de que podremos llegar a un acuerdo y por eso suspendimos la comisión para darnos tiempo para hablar con todos», dijo en rueda de prensa.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, insistió en que el acuerdo «camina hacia la progresividad fiscal» y permitirá más ingresos y servicios públicos de calidad.