Sánchez guarda un as en la manga para contentar a las energéticas con el ‘impuestazo’: puede bajar el precio de la factura
El gravamen temporal a las grandes empresas energéticas parece que, finalmente, sí será temporal; sobre todo, porque el Ejecutivo tiene recetas para dominar el recibo de la luz
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz (i), y Teresa Ribera. EFE/POOL MONCLOA/Fernando Calvo /
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El Gobierno señaló a las grandes empresas energéticas como parte del problema de precios de la crisis energética que hubo en 2022. Instauró la figura de un gravamen temporal a los ingresos, puesto que entendía que existían beneficios extraordinarios. Tras el acuerdo de investidura con Sumar se plantearon dejarlo activo. Ahora han cambiado de idea. Poder contener la factura de la luz explica parte de los motivos.
El impuesto a las grandes energéticas que impuso el Gobierno ha sido motivo de discordia durante los últimos meses. Las grandes compañías salieron en tromba a mostrar su rechazo, y también lo recurrieron por la vía legal.
La situación se ha elevado de temperatura desde que PSOE y Sumar anunciaron en su acuerdo de investidura que estudiaban la posibilidad de que dicho gravamen se prolongara por tiempo indefinido.
Sin embargo, en un giro de guion propio del presidente Pedro Sánchez; tanto el propio líder del Ejecutivo como la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han manifestado públicamente que dicho impuesto puede ser revisado.
¿Por qué se puede quitar ahora el impuesto?
Los argumentos que ofrecen desde el Gobierno es que, en estos momentos -al parecer-, ya no existen beneficios caídos del cielo. Una máxima que siempre han negado las empresas. Y algo que sigue sucediendo, en tal caso, de la misma manera que sucedía hace un año.
La diferencia, sin embargo, es que el Gobierno tiene diversas maneras de poder mantener estable la factura de la luz y, de esta manera, no tener que señalar a las empresas. Una situación que le ahorra un choque frontal contra las energéticas, tal y como ha tenido con Repsol en las últimas semanas.
Una de las fórmulas, según señalan desde el ‘think tank’ Fedea, vendría por la eliminación del impuesto a la producción eléctrica, asociado al superávit que existe en el sistema energético en estos momentos.
Explican desde Fedea que, con la prudencia necesaria, los costes del sistema están bastante controlados. Por un lado, parte de los ingresos (los peajes) están vinculados estrechamente con los costes (las redes). Por otro lado, no debería haber sorpresas negativas en los costes incluidos en los cargos.
Por lo tanto, aseguran, hay margen para que el superávit pueda ser utilizado para aliviar la factura de los consumidores, siempre asumiendo que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión no se reducen en relación con los niveles actuales.
Para ello hay, al menos, dos grandes opciones. Ambas opciones implican un menor coste de la factura a pagar por los consumidores, si bien actúan de modo distinto: bien por el lado de los cargos en la factura o bien por el lado del precio pagado por la electricidad.
Una primera opción es la de reducir los cargos del sistema. Al fin y al cabo, los cargos que figuran en las facturas de los consumidores se corresponden con los costes del sistema (distintos a los costes de las redes) que no han sido cubiertos a través de las distintas transferencias realizadas desde el Tesoro.
Desde Fedea citan la LSE. La reducción de cargos no es posible mientras siga habiendo deuda, pero en la realidad esa restricción ha sido ya evitada en diversas ocasiones mediante normas de rango de Ley que abren esa posibilidad.
El IVPEE es un impuesto que no tienen otros países y que, por lo tanto, distorsiona el precio de mercado en España
La reducción de cargos podría afectar a todos los consumidores o ser más selectiva, además de poder pivotar más o menos sobre la parte que se distribuye en el término de potencia o en el de energía.
Una segunda opción es la eliminación definitiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). Este impuesto se encuentra suspendido desde el 1 de julio de 2021 (RDL 17/2021), si bien el sistema eléctrico ha seguido recibiendo transferencias desde los PGE en compensación de esa suspensión ya que la recaudación obtenida se destina íntegramente a cubrir parte de los cargos.
Es un impuesto que no tienen otros países y que, por lo tanto, distorsiona el precio de mercado en España en nuestros intercambios con Portugal o Francia, pues forma parte del precio ofertado por el generador marginal doméstico. Es, además, un coste reconocido para los generadores eléctricos acogidos al régimen de retribución específica de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), así como en los extracostes no peninsulares, y por lo tanto es también, en parte, un coste del sistema.
En definitiva, sostienen desde Fedea, aunque su sujeto pasivo sean los generadores, es un impuesto distorsionador que se transmite completamente al precio de mercado y que pagan los consumidores eléctricos.
