Del impuestazo a Repsol, Naturgy e Iberdrola al apagón nuclear: los frentes abiertos de Sara Aagesen

Sara Aagesen ya es la nueva ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico para sustituir a Teresa Ribera. La que fuera secretario de Estado de Energía liderará una de las carteras más importantes del país, con diferentes retos y frentes abiertos que afrontar en los próximos meses y años.

La ingeniera química toma el relevo del ministerio en un momento histórico a nivel energético. El éxito o el fracaso de los retos nacionales y europeos en materia de cambio climático, descarbonización y transición energética marcarán el porvenir de las siguientes generaciones.

Aagesen deberá abordar toda una serie de cuestiones a corto y medio plazo que definirán su figura política. Una de ellas, la más cercana, es la relativa al impuesto extraordinario a las empresas energéticas -denominado ‘impuestazo’ en el sector- y sus posibles consecuencias.

A poco más de un mes para que expire el tributo temporal que grava el 1,2% de los ingresos de las empresas con más de 1.000 millones de euros de facturación, su continuación está en el aire.

Tras semanas de intensas negociaciones, el Gobierno ha pactado con Podemos extender el gravamen a través de una proposición de ley o, en el peor de los casos, a través de un Real Decreto. Figura que suscita dudas por el difícil encaje legal, al no estar pensada para la creación de impuestos.

No obstante, desde Junts aseguran que su acuerdo con el Ejecutivo de coalición sostiene que el impuesto no penalizará a aquellas empresas que estén invirtiendo en transición energética, lo que reduce considerablemente el área de impacto de esta medida fiscal.

Con esta incertidumbre, las principales energéticas del país se han unido en un comunicado del Club Español de la Energía (Enerclub) para advertir que la carga fiscal pone en riesgo 30.000 millones de inversión.

De ellas, Repsol ha sido la más beligerante en los últimos meses respecto a la prórroga del gravamen y son muchas las ocasiones en las que así lo ha manifestado, llegando incluso a avisar de deslocalizar inversiones a otros países.

La tensión de la empresa que lidera Josu Jon Imaz con el Gobierno es palpable y la ausencia de representación de la petrolera en la toma de posesión de Aagesen del lunes, pese a la poca antelación con la que fue avisada, deja patente la relación entre ambas partes.

Cumplir con el ambicioso plan energético a 2030

Más allá de la fiscalidad, Aagesen tiene un duro trabajo por delante para vigilar que se cumplan los compromisos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La estrategia energética por la que se regirá el país hasta 2030 es ambiciosa, por lo que no está exenta de críticas por exceso de optimismo. Aspectos como el almacenamiento eléctrico, el desarrollo del hidrógeno verde o el autoconsumo están en el punto de mira, bien por su falta de maduración o bien por el descenso de la demanda en el sector.

Escenario al que se añade la presión de petroleras y gasistas por establecer una neutralidad tecnológica en esta carrera por la descarbonización, que no se centre sólo en la electrificación. El desarrollo de biocombustibles y los gases renovables estarán en el foco durante los próximos años.

La eléctricas presionan para aumentar la retribución de las redes

En esta línea, el aumento de la demanda eléctrica prevista por el Gobierno durante los siguientes ejercicios va unido a las exigencias de las compañías energéticas de aumentar la retribución a la inversión en las redes de distribución para poder dar acceso a toda la demanda.

Actualmente, esta retribución se sitúa en el 5,58% para el periodo regulatorio vigente desde 2020 a 2025. Desde el sector piden equipararse a otros países europeos, donde el porcentaje varía entre el 7% y el 9%.

Desde Endesa, por ejemplo, piden elevarla hasta un 7,5% y condicionan buena parte de sus inversiones del plan estratégico a que se incremente hasta el punto mencionado.

Aagesen coordinará el apagón nuclear, entre llamadas a extender la vida útil de las centrales

Teresa Ribera será recordada, entre otras cosas, por ser la artífice del calendario de cierre de las centrales nucleares españolas. Con una determinada posición antinuclear, Ribera acordó con las empresas propietarias el apagón escalonado entre 2027 y 2035 de todos los reactores activos actualmente.

Desde el sector intensifican los mensajes pro nuclear ante la apuesta de otros países europeos por esta energía en un momento de incertidumbre geopolítica (guerra de Ucrania, tensiones con Rusia, conflicto en Oriente Medio) que genera dudas sobre el mercado del gas.

El lobby nuclear cree que el sistema eléctrico puede verse afectado sin su energía y aún mantiene cierta esperanza en una ventana de diálogo con la nueva ministra para poder, al menos, prolongar la vida útil de las centrales.

Los pagos por capacidad para las centrales de gas, la nueva normativa del autoconsumo, la revisión del régimen especial de las energías renovables, la transposición de la normativa europea para materias primas críticas o el despliegue de la energía eólica marina serán también desafíos que Aagesen tendrá que liderar en el Gobierno.