Illa ficha para el diseño del cupo catalán al cerebro del modelo de Zapatero y a un ‘tapado’ de ERC
Entre los siete expertos para pergeñar la financiación singular se encuentra un exconsejero valenciano y el presidente del comité de expertos para la reforma fiscal que el Gobierno guardó en un cajón
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez(1d) y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa. Alberto Paredes / Europa Press
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El comité de sabios que el Govern de Salvador Illa ha escogido para diseñar la propuesta de la financiación singular que negociarán con el Ejecutivo central, que dirige Pedro Sánchez, estará presidido por el cerebro del modelo de reparto que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2009: el exsecretario de Economía de Antoni Castells, Martí Carnicer.
El ‘número dos’ del departamento de Economía durante el mandato del tripartito será el encargado de dirigir los trabajos de un grupo de académicos donde se incluye a una ex alto cargo de Hacienda hasta septiembre, durante el mandato de ERC en solitario; a un exconseller de Hacienda de la Comunitat Valenciana; y al presidente del comité de sabios que elaboró el Libro Blanco para la Reforma fiscal de 2022, un informe guardado en los cajones del Ministerio que dirige la ahora vicepresidenta María Jesús Montero.
También incluye a dos profesores universitarios críticos con el funcionamiento del sistema de financiación autonómica derivado de la reforma de 2009.
Carnicer, el economista y exdiputado socialista que liderará los trabajos de este comité, fue el negociador clave de la Generalitat para el diseño del modelo de financiación autonómica de 2009, dirigiendo, por parte catalana, las conversaciones con el Ministerio de Economía y Hacienda que encabezaba el vicepresidente Pedro Solbes.
Este modelo, que tanto se ha venido criticando desde las formaciones independentistas, se incumplió por parte del Gobierno central, según el análisis del propio Carnicer en una entrevista a la cadena Euronews en 2012, justo cuando comenzaba la efervescencia del procés. «En los modelos de financiación se preveían unos mecanismos, unos fondos destinados a recursos para las Comunidades Autónomas que Madrid no ha cumplido de forma relevante y, por lo tanto, sí es cierto que Madrid no ha cumplido«, analizó, entonces, previo a las elecciones autonómicas de 2012 que adelantó el convergente Artur Mas.
Carnicer, que llevaba ya unos años retirado de la primera línea política tras haber sido alcalde del Vendrell, tendrá que ser el encargado de ese encaje de bolillos para asegurar que Cataluña comience a recaudar el IRPF y los impuestos que se produzcan en la región, pero a costa de un cuota de solidaridad que garantice recursos suficientes para el resto del Estado.
Todo ello sin irritar a ERC que contará con la presencia de la catedrática Marta Espasa, doctora por la Universidad de Barcelona, y que ejerció hasta el mes de septiembre como secretaria de Hacienda. Su área de especialidad es economía pública, financiación autonómica y local, balanzas fiscales y redistribución territorial.
Otro fichaje sorprendente es el del exconseller de Hacienda del Gobierno de Ximo Puig, Vicent Soler. El socialista valenciano, que representó los intereses de una de las regiones infrafinanciadas, será ahora uno de los encargados del diseño del ‘cupo catalán’. Si hace dos años, cuando aún formaba parte de la coalición de gobierno entre PSPV y Compromís, Soler defendía la necesidad de un fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana, así como un mecanismo de condonación de deuda pública, argumentos similares a los del actual presidente, el popular Carlos Mazón; en los últimos meses se ha posicionado a favor de esa singularidad catalana.
En declaraciones al diario Levante, Soler aseveró que la Comunitat Valenciana sería la «principal beneficiada» e insistió en que esto abría un abanico de oportunidad para la economía regional.
Otra de las integrantes de este equipo económico es Maite Vilalta Ferrer, profesora titular de Hacienda Pública en la UB y miembro del Institut d’Economia de Barcelona. En un artículo publicado en 2015, Vilalta hizo mención a uno de los fondos creados en la reforma del sistema de financiación de 2009: el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales (FGSPF). Su objetivo era asegurar que todas las comunidades de régimen común disponían de un mismo volumen de recursos por habitante ajustado, a mismo esfuerzo fiscal, para prestar los servicios esenciales del Estado del bienestar.
Sin embargo, su diseño y aplicación dejó bastante que desear: «El resultado final es errático y poco justificable desde el punto de vista de la equidad. En cierto modo se perpetúa el status quo existente antes del último acuerdo, y por tanto, antes de la instrumentación del FGSPF», argumentó en el comentario, donde señala que estos mecanismos deben ser «revisados» bajo criterios de «equidad» y «eficiencia».
Otro de los académicos, el doctor en Economía Alejandro Esteller, defendió en otro artículo, también de 2015, la necesidad de que los gobierno subcentrales (en este caso, autonómicos) tuvieran capacidad normativa sobre el diseño de los impuestos, así como decisoria en cuanto a su aplicación. Es decir, más margen de decisión en torno a los mismos.
El equipo lo cierran dos nombres: el de Jesús Ruiz-Huerta, presidente del comité de expertos para la reforma fiscal que reclutó Hacienda; y el de Joan Ramón Rovira, uno de los autores de la propuesta de la Cambra de Comerç de Barcelona para aumentar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas.
