El nuevo impuesto del Gobierno aragonés (PP-Vox) a las renovables abre otra brecha con el sector energético
El sector renovable se ha puesto en alerta con el efecto llamada que pueden provocar los nuevos impuesto en Aragón, y que otras comunidades quieran imitar
Molino eólico en Fuendetodos (Zaragoza) con grabados de Goya
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El gobierno de Aragón está a punto de aprobar un Anteproyecto de Ley por el que se crean nuevos impuestos medioambientales sobre la explotación de parques eólicos y fotovoltaicos. Esperan recaudar unos 30 M€ a costa de las empresas que invierten en su territorio. Iberdrola y Naturgy alertan sobre las consecuencias que puede tener este gravamen.
Se trata de un impuesto impulsado por el anterior gobierno socialista de Javier Lambán, y que ahora ha terminado de apuntalar la coalición de PP-Vox que lidera Jorge Azcón. Se prevé tramitar en la próxima junta de gobierno, y que entre en vigor en abril. Aunque antes ha habido un periodo de consultas públicas para conocer las opiniones del sector. Han sido muy claros.
Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL, dos de las principales energéticas han hecho constar su malestar con el impuesto en las pertinentes alegaciones. Desde Iberdrola estiman que «el resultado previsible es que se desincentivará la inversión en este tipo de instalaciones en Aragón. Esto pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del gobierno aragonés, y significa que las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos del PNIEC —plan nacional de energía— se acometerán preferentemente en otras Comunidades Autónomas».
La principal gasista, Naturgy, explica en sus alegaciones al anteproyecto que «si bien existen otras figuras autonómicas que podrían ser similares (como el Canon Eólico en Galicia), la creación de una nueva figura fiscal no homogénea con el resto que comunidades autónomas podría ser discriminatoria y llevar a una desventaja competitiva de unos territorios frente a otros».
Asimismo, sostienen desde la compañía presidida por Francisco Reynés que «se deben evitar duplicidades con otros instrumentos existentes. Referido a esto, por un lado, la propia Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al desarrollo, asegurando que éste sea sostenible e integrador y garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación».
Graves problemas de inversión a futuro
La empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán estima que «para conseguir incentivar la economía y atraer inversión de futuro (nueva industria a la región asociada a los bajos costes energéticos renovables) se debe realizar una reforma fiscal medioambiental basada en el principio de ‘Quien contamina paga’ que dé las señales correctas e internalice los daños reales de las distintas energías, justo lo contrario de lo que se propone».
Al igual que la gasista, desde la principal eléctrica española, y que cuenta con 14 parques eólicos en la región, creen que «no es positivo a largo plazo generar un mayor desincentivo a la inversión limpia en Aragón respecto a otras regiones geográficos».
Otra de las compañías que ha presentado alegaciones, Engie España, estima que «la carga fiscal a la que actualmente hacen frente las instalaciones eólicas y fotovoltaicas ya es elevada, fomentando el desarrollo de la actividad económica de las zonas donde se encuentran instaladas (…)». Sugieren que «el Gobierno de Aragón debe reconsiderar la aplicación de un nuevo impuesto al sector eólico y fotovoltaico si se quiere alcanzar los objetivos medioambientales de descarbonización europeos y nacionales».
Las patronales alzan la voz
De manera pública, dos patronales muy importantes AEE y APPA Renovables recuerdan que las instalaciones fotovoltaicas, los parques eólicos o las líneas eléctricas se verían afectados por el gravamen, frenando la inversión en nuevos desarrollos renovables y la electrificación.
Insisten en que este nuevo impuesto, además de ir en contra del desarrollo regional de Aragón, el gravamen podría ser contrario al marco fiscal europeo en materia de fiscalidad energética y de desarrollo y penetración de renovables.
El Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión Europea, en los apartados 4.1 y 4.3 de su anexo, considera que las instalaciones eólicas y fotovoltaicas son actividades económicas que contribuyen, de forma sustancial, a la mitigación del cambio climático y determina que no causan un perjuicio significativo a ninguno de los objetivos ambientales, por lo que no se podría justificar un nuevo impuesto que, en opinión del gobierno aragonés, internalice los costes sociales y ambientales de estos proyectos.
Recuerdan ambas patronales que la creación de nuevos impuestos a las renovables, de aplicación retroactiva, dañaría gravemente la seguridad jurídica de las inversiones en Aragón, encareciendo innecesariamente los proyectos y dificultando su financiación, frenando la creación de empleo y riqueza en la región.
