Montero trabaja en hacer permanentes los impuestos a la banca y las energéticas pese al clamor empresarial

El Gobierno reactiva la maquinaria presupuestaria con el inicio del curso y, aunque todavía no está claro si conseguirán aprobar en el Congreso los nuevos objetivos de estabilidad ni si harán lo propio con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, ya comienzan con los trabajos para cuadrar hasta el último euro en cada Ministerio.

Y, entre otras cosas, el trámite parlamentario de las nuevas Cuentas también implicará dar retomar un asunto que había quedado aparcado en un cajón mientras la financiación autonómica copaba todos los titulares: la reforma de los impuestos a la banca y a las energéticas para convertirlos en figuras permanentes dentro del sistema tributario.

Fuentes de Hacienda confirman a ECONOMÍA DIGITAL que el departamento ya trabaja en la reforma y permanencia de los impuestos, que caducan a finales de este año y cuya modificación no puede hacerse mediante la Ley de Presupuestos como tal. El Gobierno se había comprometido a revisar durante este año el diseño de ambos gravámenes, ya que se concibieron como «prestaciones patrimoniales de carácter público temporal y de naturaleza no tributaria».

Su conversión en impuestos al uso, que también permitiría concertarlos con el País Vasco o Navarra, tiene que realizarse mediante una norma distinta, con rango de ley, que tendrá que ser remitida a las Cortes Generales.

Sin mayorías claras para los Presupuestos o los impuestos

En el Gobierno reconocen en público que la presentación de las Cuentas para este año no estará sujeta a tener los apoyos atados para que reciban la luz verde del Congreso. En privado, fuentes del Ejecutivo señalan que esos trabajos y las negociaciones parlamentarias estarán vinculados a cómo «respiran» tanto Junts como ERC. Ambas formaciones celebrarán cónclaves decisivos en otoño donde definirán cuál es relación con el Gobierno central tras la amnistía y las elecciones en Cataluña que, por primera vez en una década, ha dado la llave de la Generalitat a los socialistas.

Y no solo en cuestión de las cuentas, sino en la propia reforma de los impuestos la posición de los socios de Gobierno puede ser clave. El PNV ya consiguió ‘diluir’ el impuesto a las ganancias de las energéticas incluyendo incentivos en inversiones verdes para abaratar la cuota a pagar. Y recientemente la formación vasca ha mostrado su disconformidad a extender este gravamen, con lo que su futuro podría estar en entredicho.

De hecho, el consejero delegado de Repsol y ex presidente del PNV, Josu Ion Imaz, ha venido dando por hecho que este tributo era cuestión del pasado.

Sumar presiona para gravar más a los ricos

De puertas adentro, la situación entre PSOE y Sumar también es endiablada. Ya la negociación sobre ambas figuras fiscales fue tensa a finales del año pasado, cuando se debatía la posibilidad de ‘perdonar’ este impuesto a las energéticas a cambio de inversiones en materias clave para el Ejecutivo, como es la transición energética.

Ahora, la revisión de ambos gravámenes (y del impuesto a las Grandes Fortunas) cuando acaba su vigencia se produce justo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya insistido en el inicio del curso político en la imposición a los más acaudalados, con esa contraposición entre los Lamborghini y el transporte público.

El escenario económico es muy diferente ahora en comparación con 2022, cuando se pusieron en marcha los dos impuestos. Ni los precios de la energía están disparados, como entonces, ni los bancos disfrutan de las ganancias derivadas de las abruptas subidas de tipos que adoptó el Banco Central Europeo para hacer frente a la inflación.

En el caso de la banca, el Gobierno puso encima de la banca que la reforma para adaptar este impuesto y convertirlo en permanente tuviera en cuenta el ciclo de la política monetaria o la concesión de crédito por parte de las entidades, aunque el ministro Carlos Cuerpo, principal interlocutor del sector financiero desde la cartera de Economía, no llegó a detallar en qué consistiría, apuntando a que tendría que negociarse en con los aliados parlamentarios.

3.000 millones en el aire

El gravamen temporal energético supuso una recaudación de 1.516 millones de euros el año pasado, por 1.165 millones que se recaudaron con el de la banca. A esto habría que sumar más de 600 millones procedentes del tributo a las grandes fortunas. Es decir, los tres conforman un paquete fiscal que tendrá que pasar por el Congreso con un peso de más de 3.000 millones en los ingresos del Estado.

En el PSOE no dan pistas, más allá de la intervención del presidente del Gobierno sobre la tributación -que enmarcan en la reforma fiscal comprometida con Bruselas-, aunque en Sumar apuntan que esto les da alas. Fuentes de la formación minoritaria de la coalición ven como una victoria ese discurso de Sánchez en la apertura del curso político, pero eso no implica que todo el trabajo esté hecho.

El espacio que lidera en el Gobierno Yolanda Díaz prepara una propuesta de reforma fiscal integral que hará pública en las próximas semanas, donde prevé revisar la tributación de algunas actividades como la educación o la sanidad privadas. La posibilidad o no de mantener estos tributos estará también en la agenda de las negociaciones con los socialistas, unas conversaciones para las que la vicepresidenta segunda ha recuperado a Nacho Álvarez, quien fuera su ‘ministrable’ y cargo de Podemos.