Hacienda contradice a Yolanda Díaz: el nuevo impuesto de sociedades no recaudará 10.000 millones
La líder de Sumar anunció a bombo y platillo que el nuevo gravamen sumaría 10.000 millones a las arcas públicas, pero Hacienda, en la memoria económica del anteproyecto, avanza que no se puede calcular
Las vicepresidentas segunda, Yolanda Díaz (i) y primera, María Jesús Montero, durante el pleno del Congreso, reunido excepcionalmente en el Senado. EFE/ Rodrigo Jimenez
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La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se subió fulgurante al escenario montado en el Museo Reina Sofía. Allí fue donde, a mediados de octubre, el presidente Pedro Sánchez y ella misma rubricaron el acuerdo de Gobierno para reeditar la coalición, esta vez entre el PSOE y Sumar. Ella fue la encargada de anunciar el grueso de las nuevas medidas que entrarían en vigor gracias al citado acuerdo, incluyendo algunas como el recorte de la jornada laboral, que ahora quiere priorizar. Sánchez, por su lado, se dedicó a poner en valor lo hecho hasta ahora y lo que está por venir.
Díaz subrayó los asuntos fiscales, dando por hecho que se convertirían en permanentes los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas, así como que se mantendría el de las grandes fortunas que recaba lo que las comunidades autónomas dejan de percibir por el Impuesto de Patrimonio. Sin embargo, tres meses después, llegan los matices. Y no solo porque el Gobierno ya haya adelantado, para pesar de Sumar, que reformará el tributo energético para primar las inversiones en energías verdes. Sino porque una de las cifras que dio Yolanda Díaz entonces ya no está tan clara.
«En España no hay justicia fiscal y no se cumple el artículo 31 de la Constitución Española. Un pequeño autónomo, una pequeña empresaria, tributa al 17,5%, mientras que una gran internacional lo hace al 3,8% y esto no es justo y se tiene que acabar», aseveró la vicepresidenta, todavía en funciones, para introducir una de las medidas recogidas en el acuerdo de Gobierno: la imposición de un tipo mínimo global del 15% para los grupos de empresas multinacionales y nacionales.
La medalla: trasponer una Directiva
La medida, en realidad, parte de una exigencia internacional, ya que se trata de una directiva europea (la 2022/2523 del Consejo) que los países están obligados a trasponer. Sin embargo, Díaz se puso la medalla asegurando que, con este nuevo impuesto de sociedades, «las grandes empresas pagarán un 15% sobre el resultado contable, sobre lo que perciben y no lo que nos dicen que perciben». En total, cifró la vicepresidenta, sumaría 10.000 millones de euros a las arcas del Estado.
Pero Hacienda, departamento ascendido ahora a Vicepresidencia Primera, pone en cuestión esta cifra. De acuerdo con la memoria de impacto económico que acompaña al anteproyecto de ley para la creación de ese impuesto aprobado a finales de diciembre, y que está en trámite de información pública, «no es posible realizar una estimación del ingreso que derivará del nuevo Impuesto Complementario«. Los técnicos de la Dirección General de Tributos apuntan que «su impacto recaudatorio se ve condicionado por la implementación, en su caso, de un impuesto complementario nacional en las distintas jurisdicciones en las que puedan estar presentes los grupos multinacionales». Es decir, de que el resto de países también impongan el citado tributo.
Si bien Hacienda reconoce que el nuevo gravamen «no supondrá la necesidad de mayores recursos públicos», sí reconoce que redundará en «un incremento de las cargas administrativas«. Esto pasa por la aprobación de un modelo para su declaración, «que deberá ser especialmente exhaustivo»; la aprobación de otro modelo (o varios) para la autoliquidación; y, también, la carga de tener que gestionar otro impuesto para la sede de los contribuyentes. Además, deberá procederse al intercambio de los modelos recibidos con otros países «lo que implicará igualmente un coste de implementación y control del mecanismo de intercambio, que, si bien ya está desarrollado por la experiencia previa con la información país por país, ahora se verá netamente incrementado».
Para empresas con más de 750 millones de facturación
Este impuesto complementario, de nueva creación y que no se integrará en Sociedades, afectará a los grupos multinacionales o nacionales de gran magnitud con un importe neto de la cifra de negocios consolidado igual o superior a 750 millones de euros en, al menos, dos de los cuatro últimos ejercicios fiscales. Estarán sujetas aquellas matrices y filiales españolas que hayan soportado en alguna jurisdicción una tributación efectiva inferior al tipo impositivo mínimo (15%).
El impacto económico de este nuevo gravamen, dice Hacienda, «dada la complejidad y la novedad» será «relativamente elevado en un primer momento», aunque cuenta con exenciones en los primeros años y no se abonará en los cinco primeros años de la fase inicial de la actividad internacional del grupo de empresas multinacionales, tampoco en el primer lustro de la entrada del grupo nacional en el ámbito de aplicación del tributo.
La Agencia Tributaria estima que el nuevo impuesto podría afectar a 126 grupos con matriz española. 41 serían por la tributación inferior a la mínima en nuestro país (con un tipo medio efectivo del 6,21%) y 109 grupos españoles tendrían que liquidar el tributo complementario en otras jurisdicciones. En cuanto a las empresas internacionales, de las 2.526 presentes en España, 707 estarían afectadas por el anteproyecto, con un tipo medio efectivo del 2,56%.
El anteproyecto tendrá que pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, cuando ya se remitirá como proyecto de ley al Congreso de los Diputados para su aprobación.
