Hacienda aparca la condonación de 50.000 millones a las CCAA hasta aprobar los Presupuestos
Hacienda preveía reunirse en febrero con los Gobiernos autonómicos y negociar la fórmula para la asunción de la deuda, pero estas citas aún no se han producido
El Gobierno ha decidido ir paso a paso con las promesas de legislatura que cerró para la investidura de Pedro Sánchez como presidente y, de momento, las reuniones para tratar la condonación de parte de la deuda pública de las CCAA por parte del Estado no se han producido. El Ejecutivo ha decidido priorizar, por un lado, la amnistía y, por otro, los Presupuestos generales del Estado (PGE), aparcando, de momento, las conversaciones sobre la asunción de la deuda pública.
Precisamente, la proximidad de la Ley de Amnistía, cuyo acuerdo está «muy cerca», según dijo la portavoz del Gobierno, la ministra Pilar Alegría, y el hecho de que este jueves el Senado vaya a rechazar -previsiblemente- los objetivos de déficit que propuso Hacienda, permitirán ‘desbloquear’ las Cuentas públicas, que se aprobarán próximamente.
Fuentes del Ejecutivo confirman que, aunque no hay fecha para el Consejo de Ministros que apruebe el Presupuesto, será más pronto que tarde. El voto en contra del PP en el Senado, donde tiene la mayoría absoluta, va a permitir que el Gobierno pueda presentar el proyecto, aunque sea utilizando los objetivos fijados en el Programa de Estabilidad del pasado abril, más restrictivos para los gobiernos regionales y locales, y con una mayor manga ancha para el Gobierno.
La portavoz Alegría ha insistido esta misma mañana en que se pusieron a trabajar en los presupuestos desde el primer momento en que tomaron posesión, aunque ya arrastran una tardanza considerable, con los PGE de 2023 prorrogados desde el 1 de enero. «Lo que es inexplicable es que el principal partido de la oposición siga poniendo palos en la rueda para evitar o alargar la aprobación de los presupuestos», defendió la ministra de Educación.
Una vez pasada la partida del Senado, el Ejecutivo tendrá que afrontar las negociaciones sobre la condonación. El plan original de la vicepresidenta María Jesús Montero era que esas conversaciones se tejieran de manera paralela, presupuestos con los grupos, por un lado; y deuda con los gobiernos regionales, por otro. El retraso en la aprobación de la Ley de Amnistía ha trastocado estos planes.
El acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez contemplaba la condonación de hasta 15.000 millones de euros de deuda pública contraída por la comunidad con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), puesto en marcha en 2012 para que las regiones consiguieran una liquidez a la que no podían acceder por sus propios medios.
Si bien la fórmula se tiene que negociar con el resto de comunidades -de ahí las reuniones con Montero-, la agencia de calificación S&P Global Ratings ya ha calculado cuánto supondría, en base a cuatro escenarios distintos. En total, el Gobierno central debería asumir entre 49.720 millones hasta 71.730 millones de pasivo, en el peor de los escenarios.