El Gobierno entierra el grupo de trabajo para el fomento del coche eléctrico tras un año sin reuniones
La adopción del vehículo eléctrico en España pasa, de manera obligatoria, por tener una gran infraestructura de recarga, una situación que no tiene el respaldo público necesario
La evolución del coche eléctrico en España va más lenta de lo esperado. El número de matriculaciones crece, pero el ritmo está lejos de algunos objetivos fijados por el Gobierno —5,5 millones de vehículos para 2030—. La falta de infraestructura es uno de los problemas, a lo que se suma la ausencia de apoyos concretos desde la administración.
Esta situación la vive el sector con la parálisis absoluta que ha sufrido el Gtirve. Se trata de una iniciativa del Gobierno, y que representaba un marco de encuentro entre el sector de la movilidad eléctrica y las administraciones a sus distintos niveles para impulsar el desarrollo e implantación de la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico.
Se constituyó antes del verano de 2022, y por esas fechas tuvo lugar la primera reunión. Se crearon unos grupos de trabajo, con el objetivo de desarrollar unas conclusiones, y en la primavera de 2023 hubo otra reunión donde se elaboró un pequeño documento —poco más de 20 páginas—. Desde entonces no se sabe nada.
Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, no se ha vuelto a abordar con los participantes retomar las reuniones, y aseguran que no hay ninguna esperanza de que esto se retome. Una situación que confirman diversas fuentes implicadas en cuestiones de electromovilidad, que asumen que se ha desinflado el impulso inicial.
En dicho grupo han participado —entre otros— organizaciones como la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Cide); la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan); la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec); la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP); la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive); la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac); la Asociación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes (Aevecar); o la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae).
Una tímida actividad
Desde el Gobierno se ha hecho un gran silencio con este asunto. A mediados de febrero de este año, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), Jon Groizard, aseguró en una entrevista a una web especializada que existía la intención de retomar de nuevo las reuniones del Gtirve.
Aseguraba el máximo responsable del Idae, que también tiene capacidad de mando en el grupo de trabajo, que tenía que continuar. Exponía que una vez que todos los equipos de Gobierno estuvieran rodados se avanzaría.
Las sensaciones por parte de algunas empresas y organismos del sector son muy diferentes, y asumen que no tienen la esperanza de que vaya a tener continuidad este grupo de trabajo.
Las eléctricas sin saber qué hacer
En este contexto, otro problema es que las empresas quieren involucrase en el desarrollo, pero la burocracia es infranqueable. Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del mercado, el conjunto de las empresas eléctricas están muy interesadas en invertir para desarrollar una red de puntos de recarga que dé un impulso definitivo, pero asumen que los trámites son «complejos y demasiados largos».
De hecho, los datos son realmente preocupantes, porque uno de cada cinco puntos de recarga que ya está en pie, y listo para su uso, en realidad no puede funcionar porque todavía no tiene todos los permisos pertinentes. Además, hay una gran diferencia entre la tipología de potencia en los puntos de recarga.
Por ejemplo, en los equipos con potencia de baja tensión que llegan hasta los 100 kW, la media total desde que se inicia el proyecto hasta que se tienen todos los permisos y la conexión eléctrica puede llegar hasta los 12 meses. Lo más alarmante es que para las recargas de media tensión, aquellas que superan los 100 kW de potencia, estos trámites pueden llegar hasta los 22 meses desde que se inicia hasta que finalmente se despacha la energía.
Desde el sector insisten en que la legislación ha ido cambiando en algunos pasos de este camino, pero no es suficiente. Y, sobre todo, lo que más preocupa es que los problemas están identificados y son de sobra conocidos por todos los actores del mercado. Por ejemplo, explican a este medio fuentes conocedoras del proceso, que se podría empezar por aceptar presentar una declaración responsable para todas las licencias que sean necesarias. Eso, detallan, ya ahorraría muchas semanas, o incluso meses de tramitaciones.