El Gobierno tira la toalla con el 'impuestazo' a las energéticas

No habrá impuesto extraordinario a los beneficios de las compañías energéticas en 2025. El Gobierno se ha dado por vencido y ya ha asumido que el Real Decreto-Ley que lo creaba de nuevo para 2025 no obtendrá el visto bueno del Congreso, ya que ni PNV ni Junts apoyarán este texto, y para enfado de los socios de izquierda con el Ejecutivo de coalición.

En los pasillos del Ministerio de Hacienda, que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero, ya dan por hecho que el gravamen no saldrá adelante, tras meses de idas y venidas sobre este tributo, que se trataba de una línea roja para Podemos, ERC y EH Bildu, los partidos de izquierdas que sostienen en el Congreso al Gobierno.

El ‘ultimátum’ de Junts, que ha dejado en suspenso todas las negociaciones, y la negativa del PNV a cambiar su postura han sido los últimos clavos en el ataúd de este impuesto (formalmente, prestación patrimonial de carácter público no tributario) que llevaba en vigor desde finales de 2022.

El Gobierno se enfrenta a una nueva prueba de fuego este miércoles en el Congreso, con la votación de los tres Reales Decretos-Ley que el Consejo de Ministros aprobó a finales de 2024: un texto con la prórroga de ayudas públicas al transporte, la subida de las pensiones y otra serie de medidas; una norma para crear el gravamen energético que el propio Congreso derogó, con los votos de PP, Vox, Junts y PNV; y la última pata de la reforma de las pensiones.

Solo esta última tendría su supervivencia asegurada, ya que el PP, en palabras de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, confirmó que daría su voto a favor al tratarse de un pacto cerrado con los sindicatos y la patronal.

El Gobierno pierde apoyos

El Real Decreto de medidas urgentes estaría en el aire, con la postura de Junts pudiendo inclinar hacia un lado u otro la balanza, mientras que el ‘impuestazo’ energético estaría definitivamente condenado.

Fuentes socialistas confirman que hay conversaciones con los grupos parlamentarios, aunque voces en Hacienda confirman que el escenario más plausible es que decaiga, tras apenas un mes en vigor.

El Gobierno consiguió salvar, in extremis, su proyecto de reforma fiscal, con el impuesto extraordinario a la banca, comprometiéndose con ERC, EH Bildu y el BNG a negociar prorrogar el ‘impuestazo’ energético durante todo 2025.

Para atar los votos de Podemos tuvo que comprometerse, también, a hacer un grupo de estudio con el resto de grupos parlamentarios para hacer permanente el tributo y, en su defecto, extender su vigencia hasta alcanzar un acuerdo. PNV y Junts se descolgaron de las reuniones para hacer permanente el impuesto y lo abocaron al fracaso.

Los jetlzales, contrarios en parte por las importantes empresas energéticas que operan en su territorio, justificaron su rechazo en que el gravamen no permitiría concertarlo con las Haciendas forales para que fueran las Diputaciones vascas las que lo recaudaran y gestionaran. Cuestionados por ECONOMÍA DIGITAL, esta postura no ha cambiado.

Junts, por su parte, acordó con el PSOE la decaída del gravamen para no afectar a las importantes inversiones de empresas energéticas en Cataluña.

Si bien abrió la puerta a un potencial apoyo al gravamen a posteriori, esta se cerró definitivamente cuando unieron sus votos a los del PP para derogar el impuesto a las energéticas, forzando al Ejecutivo a empezar de cero con este Real Decreto-Ley.

En los socios de izquierda hay un importante enfado, especialmente en Podemos, a que señalan al PSOE por no haberse implicado con el impuesto y haberlo dejado caer, solo para no molestar al PNV y Junts, cuyos apoyos son fundamentales para cualquier norma que pase por el Congreso.

La batalla de las grandes energéticas para tumbar el impuesto

Por su parte, las empresas afectadas —especialmente las petroleras con Repsol a la cabeza— siempre se han mostrado contrarios al gravamen temporal que aplicó el Gobierno a raíz de los elevados precios energéticos y la inestabilidad del mercado provocada por la guerra de Ucrania.

De hecho, tanto patronales como empresas a título particular tienen recurrido ante los tribunales el impuesto que grava el 1,2% de la facturación de las compañías que tengan ingresos superiores a los 1.000 millones de euros, sin incluir negocios regulados o fuera del país.

Pero, la presión ejercida a base de amenazas de paralizar desembolsos millonarios para proyectos de descarbonización como los diseñados por Repsol en Tarragona y Bilbao o Moeve (antigua Cepsa) en Andalucía, ha servido para que los apoyos del Ejecutivo decaigan esta vez.

Cabe destacar que la prórroga del gravamen que el Gobierno, previsiblemente, no sacará adelante este miércoles incluye bonificaciones a las inversiones en gases renovables como el hidrógeno verde o el biometano.

Una estrategia con la que intentó seducir a las formaciones contrarias a mantener la carga fiscal al sector y que incluye deducciones de hasta el 60% para las compañías con inversiones estratégicas.

Fuentes del sector eléctrico consultadas por este medio aseguran que dicha propuesta tampoco es bien recibida, puesto que su complejo diseño «genera más incertidumbre».

En cualquier caso, defienden eliminar impuestos poco «coherentes» con la política energética nacional que busca una transición energética efectiva y consideran que este tipo de tributos restan competitividad a las empresas españolas frente a las europeas.