El Gobierno aprueba la subida del salario del 0,5% para los funcionarios, con un coste de 791 millones

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al aumento adicional del 0,5% en los salarios de todos los empleados públicos. Este aumento se ha concretado en virtud de un acuerdo firmado con los sindicatos CCOO y UGT, vinculando la subida a la evolución de la tasa de variación anual estimada del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de septiembre, que se ha situado en un 3,2%.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha detallado que el costo global de esta medida para todas las administraciones públicas asciende a unos 791 millones de euros, con una «pequeña parte» destinada a la Administración General del Estado (AGE), para la cual ya se habían reservado fondos en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en previsión de un IPCA superior al estimado.

Montero ha destacado que este aumento salarial es retroactivo desde enero y forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado previamente por los sindicatos CCOO y UGT con el Gobierno en la Mesa General de las administraciones públicas.

Según lo acordado, en 2023, las nóminas de los empleados públicos se incrementaron en un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, de 0,5% cada una. La primera subida variable, vinculada al IPCA, se ha materializado, ya que la inflación superó el 6% en 2022 y 2023 hasta septiembre. Por lo tanto, el Gobierno ha aprobado la aplicación de esta subida adicional del 0,5% en las nóminas de todos los empleados públicos.

La ministra en funciones explicó que esta subida adicional del 0,5% será automática para los funcionarios, mientras que en las empresas públicas y el sector público, estará sujeta al convenio y a la interlocución sindical de cada entidad instrumental.

Además, María Jesús Montero reiteró el compromiso del Gobierno de cumplir con la otra subida adicional del 0,5% vinculada al crecimiento del PIB, que se analizará en el mes de febrero. Esto llevará el incremento total a más de tres millones y medio de empleados públicos, cumpliendo así con el acuerdo establecido con los sindicatos.

El acuerdo también establece que si el PIB nominal en 2023 es igual o superior al estimado en los Presupuestos Generales del Estado (2,1%), se aplicará otra subida complementaria de un 0,5%. Este aumento consolidable tendría efectos a partir del 1 de enero de 2023 y es muy probable que se materialice, ya que tanto organismos nacionales como internacionales han revisado al alza sus estimaciones, superando el 2,1% previsto.

En su intervención, Montero resaltó el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con las Administraciones Públicas y sus empleados, destacando que se han superado los recortes implementados durante la crisis financiera anterior. Desde 2018 hasta mediados de 2022, «se han creado 169.000 puestos de trabajo en las Administraciones Públicas», en contraste con la pérdida de 124.000 empleos durante la legislatura anterior.