El Gobierno afronta siete leyes clave para recibir 12.000 millones de fondos europeos

El Gobierno tiene por delante en otoño una verdadera maratón legislativa, más allá de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), si quiere solicitar y recibir a tiempo dos de los desembolsos pendientes de los fondos europeos Next Generation EU, los que debería pedir este año.

El calendario negociado con la Comisión Europea detalla que el quinto pago, con una cuantía de 7.600 millones de euros, debería haberse reclamado en el primer semestre de este año, mientras que el sexto (4.000 millones) está agendado para la segunda mitad de 2024.

Pero el Ejecutivo acumula un notable retraso en algunos de los hitos más importantes vinculados a estos fondos europeos, debido fundamentalmente al adelanto electoral del pasado año, que dejó en el aire algunas normas en tramitación que ahora el Gobierno tiene que recuperar y que, debido a las complejas mayorías parlamentarias, tiene dificultad para salir adelante.

Por ejemplo, el quinto pago tiene vinculadas dos leyes fundamentales que aún no han visto la luz. Ambas comenzaron su tramitación en la pasada legislatura y eran proyectos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirigía entonces Ione Belarra. Son la Ley de Familias y la Ley de Servicios Sociales. La primera ya ha sido recuperada por el departamento que ahora lidera Pablo Bustinduy (Sumar), pero de la segunda todavía no hay noticias, más allá del anteproyecto que se publicó a principios de 2023.

Y en el caso de la Ley de Familias, el Consejo de Ministros la remitió al Congreso en febrero, pero sigue en periodo de enmiendas al menos hasta septiembre.

Al quinto pago habría que añadir como proyecto fundamental la reforma fiscal con la que se comprometió el Ejecutivo, pero que ahora intenta justificar con las pequeñas modificaciones tributarias que ha llevado a cabo (como los impuestos temporales a la banca y a las energéticas). Una reforma fiscal en profundidad basada en las conclusiones de los expertos que seleccionó el propio Ministerio de Hacienda parece complicada, teniendo en cuenta que a la mayoría progresista hay que sumar tanto al PNV como a Junts.

El sexto desembolso contempla otra serie de leyes que no serán fáciles de sacar adelante. Aquí la estrella es la Ley de Industria, un proyecto que han intentado sacar adelante tres ministros (Reyes Maroto y Héctor Gómez, en la pasada legislatura) y que ahora Jordi Hereu, el titular del departamento, tendrá que hilvanar.

El Consejo de Ministros aprobó antes del receso veraniego el anteproyecto de ley, que tendrá que pasar en segunda vuelta por la reunión del gabinete y luego ser enviado al Congreso. Su tramitación coincidirá con las Cuentas para el año que viene, por lo que puede verse retrasada, pese a los reclamos del sector, que urgen a actualizar una ley con más de treinta años de antigüedad.

El Ministerio de Sanidad de Mónica García tendrá que sacar adelante otras dos leyes. La primera, la de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Y la segunda, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos.

La Ley del Cine, que pergeñan entre el Ministerio de Cultura y el departamento para la Transformación Digital (por su relación con las telecos), es otra de las normas necesarias para el sexto pago. Por último, el Ejecutivo incluyó en las negociaciones con Bruselas (y se mandató en la Ley del Deporte) una actualización de la Ley para la regulación de determinadas profesiones deportivas.

El Gobierno contemplaba cumplir para este año con 117 hitos y objetivos del Plan de Recuperación, que permitiría recibir más de 25.000 millones de euros de fondos europeos, entre transferencias a fondo perdido y préstamos.