El Gobierno aprueba por segunda vez la senda de déficit

La senda de déficit y deuda pública recibió por segunda vez el visto bueno en el Pleno del Congreso en una primera votación, con 176 síes, 171 noes y ninguna abstención, de manera que proseguirá su tramitación en el Senado, en la que el Ejecutivo pone el foco, ya que si el PP la vuelve a tumbar Hacienda asegura que se volverá a la que se plasmó en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, más exigente, a tenor de un informe jurídico de la Abogacía del Estado que manera el Gobierno.

En la votación se dio el visto bueno tanto a la senda de estabilidad como al plan de reequilibrio, que también obtuvo 176 votos a favor, 171 en contra y ninguna abstención en la votación. De esta manera, finalmente salieron adelante estas dos cuestiones. Durante el debate, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó al PP de votar en contra de la senda de déficit, tanto en el Congreso como en el Senado, «con el único objetivo» de «dilatar y demorar la actuación del Gobierno de cara a la presentación y a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado».

Montero manifestó que la «estrategia de bloqueo» de la senda «perjudica directamente a los ciudadanos», que son «los destinatarios de los servicios públicos que se gestionan en las administraciones territoriales».

La ministra destacó que los ‘populares’ «se equivocan si piensan que votando en contra de los objetivos de los subsectores no se puede formular propuesta de Presupuestos». Así, pidió al PP explicar «las contradicciones en las que incurre haciendo esa hipótesis», así como ser «coherente» y actuar «por el interés general». «No perjudiquen a los territorios donde gobiernan», remachó.

La ministra de Hacienda también volvió a avisar de que si el PP bloquea de nuevo la senda en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, se volvería a la que se plasmó en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, más exigente, a tenor de un informe jurídico de la Abogacía del Estado que maneja el Ejecutivo y que no ha hecho público.

Durante el debate, El PP adelantó que volvería a votar en contra de la senda de déficit y de deuda pública presentada por el Gobierno y Sumar comparó el proceso con «el día de la marmota» y lamentó que se esté dando un «bucle obstruccionista para evitar» que los Presupuestos de 2024 lleguen al Congreso.

En su intervención, ERC manifestó que su voto favorable está «absolutamente condicionado a la espera de que el Ejecutivo presente el proyecto de Presupuestos». Así, se refirió a las cuentas públicas y pidió que «al menos lleven un 19% de inversiones a Cataluña». «Los acuerdos están para cumplirlos, nosotros tenemos uno con Cataluña y ustedes tienen uno con nosotros», dijo a Montero.

El resto de socios también mostraran su apoyo. Lo trasladaron durante el debate desde el PNV y el BNG. Ambos destacaron que su voto a favor se debe a la intención de continuar con el proceso y llegar al debate de Presupuestos. Desde el PNV reclamaron a Montero (tal y como ha hecho el PP) conocer el informe de la Abogacía del Estado.

En cuanto a la postura de Vox, indicaron su posición «en contra porque creemos en la estabilidad presupuestaria». «Han sido incapaces de redactar un nuevo Plan de Reequilibrio siguiendo las recomendaciones de la Airef», criticaron.

Déficit y deuda pública

Montero reiteró las cifras de déficit de todas las administraciones públicas, que se prevé que cierren en el 3,1% en 2023, serán del 3% para 2024, bajará al 2,7% de 2025 y al 2,5% en 2026, tal y como se remitió a Bruselas en el Programa de Estabilidad el pasado mes de abril.

En cuanto a los objetivos de deuda pública, insistió en que la previsión es terminar 2023 en el 110% del PIB, que en 2024 baje al 106,3%, al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026. Estas cifras son casi tres puntos menos en 2024 y 2025 y otros dos menos en 2026 con respecto a lo recogido en el Programa de Estabilidad de abril. Por subsectores, las comunidades autónomas situarán su deuda en el 21,7% en 2024, en el 21% en 2025 y en un 20,3% en 2026, y las entidades locales llegarán al 1,4% en 2024 y al 1,3% tanto en 2025 como en 2026.