El Gobierno tramita in extremis la reforma fiscal para desbloquear 7.000 millones de fondos europeos
Tras meses insistiendo en que la reforma fiscal ya estaba hecha, el Gobierno cuela a través de enmiendas en el Congreso varias subidas de impuestos para cumplir con Bruselas, pero con dudas sobre los apoyos
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Sergio Pérez
Comentarios
El Ministerio de Hacienda ha pisado el acelerador. Una vez despejado el congreso de Junts, una de las patas más endebles de la mayoría que sustenta el Gobierno, y con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 en el horizonte, el PSOE ha colado a través de enmiendas una reforma fiscal en el Congreso que permitirá encarrilar las Cuentas públicas y recibir hasta 7.000 millones de fondos europeos.
No está claro que este paquete fiscal, que contiene varios impuestos nuevos y subidas y exenciones en otros tributos, vaya a recabar la mayoría del Congreso. El PSOE, que registró las enmiendas en solitario tras acordarlas con PNV y Junts, no cuenta con el concurso de Sumar. Los socialistas priorizaron amarrar a los aliados más duros de roer, aunque fuera a costa de perder el gravamen temporal a las energéticas, buscando compensar a sus socios a la izquierda con otras medidas que podrían incluirse en los Presupuestos.
El Gobierno cambió de discurso con el Plan Fiscal Estructural que presentó hace quince días. En este documento, clave para el nuevo marco de gobernanza europea, el Ejecutivo se comprometió a ejecutar una reforma fiscal que sumaría tres décimas de PIB hasta 2031, el último año de vigencia del ajuste prometido. Entre 4.500 millones y 6.000 millones de euros.
Hasta entonces, tanto Hacienda como Economía defendían que la reforma fiscal que se había prometido a Bruselas, y que era un compromiso vinculado al quinto pago de los fondos europeos, se había ejecutado poco a poco con diferentes retoques al sistema presupuestario, como la creación de los gravámenes temporales o modificaciones puntuales del IRPF.
De hecho, el Ejecutivo insistía en que en esas conversaciones de cara a cumplimentar este quinto pago, de 7.000 millones de euros en transferencias y que debería haberse solicitado a finales del año pasado, se estaba intentando convencer a Bruselas de que el contexto y la recaudación eran muy diferentes a cuando se acordó el Plan de Recuperación, en 2021.
La reforma fiscal, a través de la transposición de la directiva para un impuesto mínimo de sociedades, es la ley clave del quinto pago, pero no la única que el Gobierno tiene pendiente. Por ejemplo, tiene vinculadas dos leyes fundamentales que aún no han visto la luz. Ambas comenzaron su tramitación en la pasada legislatura y eran proyectos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirigía entonces Ione Belarra. Son la Ley de Familias y la Ley de Servicios Sociales. La primera ya ha sido recuperada por el departamento que ahora lidera Pablo Bustinduy (Sumar) y el presidente del Gobierno se comprometió a impulsarla durante el inicio del curso político. Pero de la segunda todavía no hay noticias, más allá del anteproyecto que se publicó a principios de 2023.
Con todo, en el cuarto pago España ya recibió un pago parcial (una cuantía menor, de unos 150 millones de euros, fue retenida por no cumplir con los objetivos), por lo que el Gobierno podría tantear un nuevo desembolso incompleto que garantice el flujo del ‘maná’ europeo.
Yendo al detalle de la reforma fiscal, fuentes del PSOE explicaron que todas las medidas recogidas en las enmiendas al impuesto mínimo de sociedades «se enmarcan en la estrategia del Gobierno de avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, donde quien más tiene, más debe aportar».
Así, crean el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. Es la conversión del gravamen temporal a los ingresos extraordinarios a la banca, que tendrá una duración mínima de tres años. El tributo grava el margen de intereses y comisiones obtenidos por el sector financiero en sus actividades en España, con un tipo de carácter progresivo (del 1% al 6%) y que permitirá la deducción del 25% de la cuota de Sociedades, con una potencial deducción extraordinaria en caso de que sufran un descenso sostenido en su rentabilidad.
El Gobierno también ha introducido cambios en el Impuesto de Sociedades, después de que el Constitucional tumbara una serie de cambios en el gravamen porque el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro lo hizo mediante Real Decreto-ley. En concreto, el PSOE ha introducido de nuevo el límite a las grandes empresas o grupos empresariales para aplicar deducciones para compensar las bases imponibles negativas. El límite es del 50% por ejercicio para las empresas con una cifra de negocio entre los 20 millones y los 60 millones de euros y del 25% para aquellas que superaran los 60 millones de euros.
Las enmiendas incluyen un incremento en la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, pasando de un tipo del 28% en el IRPF al 29%. Igualmente, se equipara la tributación del diésel y de la gasolina, aunque sin afectar al petróleo medioambiental, y con una cláusula de freno en el caso de que se disparen los precios del carburante.
El Gobierno crea mediante este proyecto un nuevo Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos y otros Productos relacionados con el Tabaco, actualiza la fiscalidad del tabaco y se compromete a impulsar cambios en la directiva del IVA para poder gravar con este tributo a los arrendamientos de vivienda turística en zonas tensionadas.
