El Gobierno propone reformar los coeficientes reductores para la jubilación anticipada en actividades peligrosas
El Ministerio de Inclusión plantea criterios objetivos basados en la incidencia y duración de bajas laborales, así como en incapacidades permanentes, para ajustar la edad de jubilación a las exigencias físicas y psíquicas de ciertas labores
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones propuso este lunes a sindicatos y patronal que para reformar los coeficientes reductores para el acceso a la jubilación anticipada en actividades penosas y peligrosas se tengan en cuenta factores como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar.
Así lo trasladaron fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz tras una reunión con los agentes sociales para abordar cuestiones de la legislación en materia de pensiones que quedaron pendientes de modificar en la anterior legislatura, entre las que se encuentra el acceso a la jubilación anticipada en determinadas actividades.
En el encuentro, al que asistió el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, el Ministerio presentó un borrador como punto de partida para iniciar el debate sobre la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas, así como sobre el desarrollo de lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en relación con la implicación de las Mutuas en la Incapacidad Temporal.
Respecto al primer asunto, en la propuesta gubernamental se pretende regular el procedimiento general para el establecimiento de coeficientes reductores a fin de anticipar la edad de jubilación en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño. Ello, cuando en estas actividades se experimente un «elevado» índice de morbilidad o siniestralidad a partir de una determinada edad o que ocasionen secuelas que den lugar a elevados índices de morbilidad o mortalidad como consecuencia de contingencias profesionales.
En el texto, que fuentes ministeriales aclararon que es una propuesta inicial, se establecen indicadores objetivos para justificar dichas condiciones. En concreto, se propone tener en cuenta, entre otros factores la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar.
Por otra parte, sobre las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, el texto pretende reforzar la implicación de las mismas en los procesos de recuperación de los trabajadores en casos de enfermedades traumatológicas.
Tras la reunión, la secretaria confederal de UGT, Patricia Ruiz, precisó que el papel de las mutuas ha de darse en procesos garantistas «en el que los sindicatos tengamos la posibilidad de evaluar estos procedimientos y, además, que sea totalmente voluntario para las personas trabajadoras».
Además, informó de que «bajo ningún concepto, nuestro sindicato permitirá que las altas las pudiera dar las mutuas en lugar del Servicio Público de Salud».
Sobre la jubilación anticipada en actividades penosas o peligrosas, esta representante de UGT manifestó que su sindicato dejó «claro» en el encuentro que «no se debe penalizar a las personas que tienen condiciones de trabajo más duras» en el acceso a la pensión, teniendo presente la perspectiva de género de algunos sectores.
Respecto del contrato de relevo, con importante peso en la industria, UGT expresó su intención de «ampliar esta posibilidad a todos los sectores y de hacer de su duración algo más que el año, a ser posible que sea de forma indefinida, para que las plantillas y las empresas se puedan planificar en esos relevos a medio o a largo plazo».