El Gobierno pone a los pisos turísticos en la mira con los cambios a la Ley de Propiedad Horizontal

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno está considerando una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para regular los pisos turísticos como una actividad económica y «empoderar» a las comunidades de vecinos para que participen en estas decisiones.

La ministra, que se reunirá esta tarde con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha señalado que el Gobierno utilizará todas sus competencias para evaluar esta posible modificación de la ley, tratando estas actividades como económicas y regulándolas de la misma manera.

Además, ha subrayado que cuando estas actividades entren en conflicto con el acceso a la vivienda, el Gobierno, los ayuntamientos y las comunidades priorizarán siempre el derecho de acceso.

En una entrevista con Telecinco, Rodríguez destacó que las comunidades de propietarios tienen un papel importante y deben participar en estas decisiones.

Las consecuencias de los pisos turísticos

Asimismo, ha solicitado la implicación de todas las administraciones públicas para garantizar el derecho de acceso a una vivienda, añadiendo que es evidente que la proliferación de alojamientos turísticos está afectando negativamente este derecho, elevando los precios de los alquileres y limitando la oferta de alquiler residencial.

Rodríguez ha instado a que cada administración cumpla con sus competencias y ha elogiado a los ayuntamientos que ya han tomado medidas, como Barcelona, que ha decidido prohibir los pisos turísticos para priorizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía sobre los intereses económicos y un sector tan importante como el turismo. Además, ha solicitado la intervención de Madrid en este asunto.

Ha explicado que desde el Ministerio se ha analizado la jurisprudencia y la normativa europea, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha subrayado la «imperiosa» necesidad de intervenir cuando el derecho de acceso a una vivienda está en conflicto.

En este contexto, se ha establecido un reglamento para regular y crear plataformas únicas de control en los estados miembros. España se adelantará a la implementación de esta plataforma para facilitar a los ayuntamientos y a las comunidades la lucha contra este fraude, que no es exclusivo de España.