El Gobierno modifica la normativa de la PAC tras las presiones del sector agrícola y ganadero
El ministro Luis Planas lidera cambios para adaptar reglamentos a nuevas normativas comunitarias, agilizando procesos y reduciendo cargas burocráticas para pequeños agricultores.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ha dado inicio a los trabajos para modificar los decretos de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en el país. Estos cambios son necesarios para incorporar la nueva normativa comunitaria anunciada por Bruselas como resultado de las protestas en el campo.
El ministro Luis Planas ha transmitido esta decisión durante una reunión celebrada por videoconferencia el miércoles con el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios. En el encuentro, Planas ha celebrado las mejoras acordadas por la Comisión Europea el pasado 15 de marzo, destacando la necesidad de brindar seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos respecto a las normas que regirán antes de que concluya el plazo de presentación de solicitudes de ayuda de la PAC, fijado para el 30 de abril.
Para agilizar la aprobación normativa, el ministro ha informado a los consejeros autonómicos que el ministerio ya ha iniciado la consulta previa para la modificación de los decretos de aplicación de la PAC en España.
Planas ha expresado confianza en que los cambios reglamentarios se aprueben rápidamente para tener efecto en las solicitudes de ayuda de este año. Ha destacado las flexibilidades aceptadas por Bruselas en relación con las normas de condicionalidad, alineadas con las solicitudes de España de relajar tres de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM).
Asimismo, el ministro ha resaltado la reducción de cargas burocráticas, especialmente para explotaciones de menos de 10 hectáreas, beneficiando a alrededor de 345.000 pequeños agricultores en España.
Una vez que el Consejo de Ministros de la UE apruebe estas propuestas el próximo martes, Planas ha señalado que la prioridad será establecer un calendario de aplicación para que el Consejo y el Parlamento puedan aprobar las modificaciones del reglamento con urgencia.
En otro orden de ideas, el ministro ha destacado la creación de un observatorio de costes de producción, márgenes y prácticas comerciales y subrayó la importancia de armonizar normativas sobre la cadena alimentaria entre los Estados miembros.
En cuanto a la pesca, España ha propuesto una reflexión sobre la mejora de la evaluación del pilar socioeconómico en la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC), aprovechando el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al modelo de gestión y negociaciones pesqueras de la Comisión Europea y los Estados miembros.
La propuesta se presentará en el Consejo de Ministros de la UE del próximo martes, marcando un momento oportuno después de la reciente sentencia del TJUE, que validó el Reglamento de Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas de 2020, respaldando así el enfoque de gestión de la UE en materia pesquera.