El Gobierno incumple el mandato de evaluar la reforma laboral mientras el Congreso la desmonta

El Gobierno que preside Pedro Sánchez sufrió una dura derrota parlamentaria este jueves y una victoria tan amarga que casi ni les compensó. Una mayoría de PP, Vox y Junts tumbó, por sorpresa y tras un cambio de última hora, el proyecto de ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública y realizó una serie de cambios muy dolorosos para el Ejecutivo en la Ley contra el Desperdicio Alimentario, que fue finalmente aprobada.

Entre los cambios introducidos, una modificación muy relevante en la reforma laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz, su proyecto estrella de la pasada legislatura, en la que abre la puerta a la contratación temporal para las campañas agrícolas hasta los 120 días por año. Un torpedo a la línea de flotación de una ley que limitó al máximo los supuestos para estas relaciones laborales de duración determinada y encaminó actividades estacionales como las propias del campo a través de la figura del fijo discontinuo.

En el Ministerio de Trabajo confirman que trabajan para revertir este hecho, en una reforma pactada con los agentes sociales y negociada con Bruselas como parte del Plan de Recuperación (y, por tanto, como parte de la recepción de fondos europeos), aunque no dan más detalles de cuál será el vehículo para hacerlo.

El departamento que dirige Yolanda Díaz sí llega un par de meses tarde a cumplir con otro mandato de la reforma laboral: el de evaluar sus efectos y publicar un documento con las tasas de temporalidad por sectores en enero de este año.

«El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre (…) mediante el análisis de los datos de contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores», indica el texto de la reforma laboral.

Como informó ECONOMÍA DIGITAL, la vicepresidenta segunda planteó la creación de un comité de expertos que se encargase de analizar los datos y elaborar el citado documento para comprobar si las medidas que adoptó el Gobierno en la pasada legislatura (y que salieron adelante in extremis, y con el voto equivocado de un diputado del PP) han tenido efecto en el mercado laboral. Yolanda Díaz sondeó a un experto para presidir este sanedrín antes del verano, un nombre que aún no se ha despejado.

La vicepresidenta ha puesto en valor en numerosas ocasiones el adoptar las decisiones referentes a su Ministerio con el apoyo de la ciencia y ha puesto en marcha varios comités de expertos. Por ejemplo, el que elabora los informes con los que sube el salario mínimo interprofesional (SMI) y, más recientemente, otro para estudiar cómo impulsar la democracia en la empresa, como base de ese proyecto de legislatura de incorporar a trabajadores y sindicatos en los consejos de administración.

Esta evaluación, que debería haberse producido a principios de este año, debe tener lugar cada dos años, con la siguiente oleada ya en 2027 y con la duda de cómo afectará el cambio legal que ha tenido lugar en el campo, uno de los sectores más sensibles y más aquejados por la temporalidad antes de la entrada en vigor de la norma, en 2022.

Esta revisión de la temporalidad no es ningún trámite, ya que el propio mandato abre la puerta a endurecer las medidas que contiene, de no haber tenido los efectos deseados. «En el caso de que los resultados de la evaluación anterior demuestren que no se avanza en la reducción de la tasa de temporalidad, ya sea en la general o en la de los diferentes sectores, el Gobierno elevará a la mesa de diálogo social una propuesta de medidas adicionales que permitan la consecución de dicho objetivo, general o sectorial, para su discusión y eventual acuerdo con los interlocutores sociales», reza la norma.

La reforma laboral ya ha provocado un cambio histórico en el mercado de trabajo de nuestro país, situando, por primera vez en lo que va de siglo, el número de empleados con un contrato de duración determinada por debajo de los tres millones en 2024, al tiempo que está en máximos la ocupación.

De los cerca de 18,5 millones de asalariados que hay en nuestro país, 15,5 millones tienen un contrato de trabajo indefinido, el mayor registro desde 2006, cuando arranca la serie del INE. Prácticamente son 645.000 empleados más en esta categoría que en el promedio de 2023.

Al otro lado, 2024 tuvo, de media, 2.929.900 trabajadores con un contrato temporal. Son 167.500 menos que un año antes y, por primera vez, el número de temporales cayó por debajo de la barrera psicológica de los tres millones.