El Gobierno amenaza con reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar el veto del PP en el Senado

El Gobierno ha sacado del cajón un proyecto que ya estuvo encima de la mesa a su llegada a La Moncloa, tras la moción de censura al Ejecutivo de Mariano Rajoy, en junio de 2018. Se trata de la reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y, en concreto, del aspecto técnico que ha permitido al PP retrasar la presentación de los Presupuestos y, tras la convocatoria electoral en Cataluña, que Pedro Sánchez renuncie a formularlos en 2024.

Durante la presentación de los datos de ejecución presupuestaria y déficit del año pasado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tildó de «anacrónico» que los objetivos de déficit y deuda pública que aprobó el Gobierno junto con el techo de gasto para elaborar los Presupuestos de 2024 fueran tumbados en el Senado.

Por dos razones. La primera, por tratarse de la cámara de representación territorial y votar en contra de unos objetivos de déficit para este año que daban mayor capacidad de gasto a las comunidades autónomas, que podrían incurrir en un déficit del 0,1%. El objetivo previo era la estabilidad presupuestaria (0,0%), por lo que el ajuste para este año, con esa senda, era menos drástico.

La segunda razón tiene que ver con el funcionamiento habitual de estas Cortes bicamerales. El Senado es una cámara de segunda lectura y todas sus decisiones pueden ser revisadas por el Congreso de los Diputados, que es el órgano que otorga la confianza al Gobierno mediante la investidura. Cualquier ley que caiga en el Senado, puede salir adelante con el refrendo posterior del Congreso. Excepto el acuerdo del Consejo de Ministros con los objetivos de estabilidad.

Montero: «Es algo a revisar»

«Que caiga la senda porque la Cámara territorial dice que no es algo que en la Ley orgánica hay que revisar«, indicó la vicepresidenta. «Esta es la única que en su día se hizo de esta manera y habrá que revisar esto», subrayó.

Fuentes populares consultadas por ECONOMÍA DIGITAL cuestionan esta idea y defienden la idoneidad del visto bueno tanto del Congreso como del Senado: el reparto del déficit está repartido entre niveles de la Administración y, además, la Cámara territorial ha de dar el visto bueno a su distribución.

Además, las mismas voces critican que el Gobierno vuelva a plantear esta potencial reforma ahora, cuando la ministra Montero ha demostrado ser incapaz de concitar la mayoría necesaria para la reforma.

Tercer intento desde 2018

No es la primera vez que el Gobierno de Sánchez se topa con el Senado y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El artículo 15, apartado 6, de esa Ley que impulsó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda establece que el acuerdo del Consejo de Ministros se remitirá a Congreso y al Senado donde, tras su correspondiente debate, aprobarán o rechazarán este reparto. «Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento«, dice la ley.

En 2018 Pedro Sánchez consiguió articular una mayoría alternativa en el Congreso de los Diputados a la de Mariano Rajoy mediante la moción de censura. Pero no así del Senado, la cámara que controlaba con mayoría absoluta el PP, como ahora. Entonces la Cámara Alta ya planteó problemas y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, optó por plantear el proyecto de Cuentas para 2019 sin el aval a la senda de estabilidad. Sin éxito. El Gobierno intentó reformar la ley por el procedimiento de urgencia, pero sin el control de la Mesa de la Cámara fue imposible.

Las dos convocatorias electorales de 2019 arrojaron un escenario muy diferente. El PSOE, de nuevo, presidía ambas cámaras, por lo que desapareció la urgencia para modificar la ley. Hubo un intento a principios de legislatura, en 2020, pero el COVID-19 y la suspensión de las reglas fiscales sacaron el tema de la agenda.

El Gobierno pidió un informe para desatascar el déficit

En su primer intento presupuestario de la nueva legislatura, el Gobierno requirió un informe a la Abogacía del Estado para saber qué hacer en un escenario en el que no consiguiera sacar adelante la senda. De acuerdo con este informe, la Constitución y los compromisos presupuestarios con Bruselas priman, por lo que, tras dos rechazos (la Ley solo menciona una segunda votación), entrarían automáticamente en vigor los compromisos fijados en el Programa de Estabilidad que se manda en abril.

Pero, teniendo objetivos, no habrá Presupuestos. Igualmente, el reparto de déficit está en vigor e implica que el Estado podrá gastar hasta el 3% del déficit, con las CCAA en equilibrio y las entidades locales en ligero superávit (0,2%).

Con todo, y tras la ejecución presentada ayer, las CCAA parten de una situación mala. Se desviaron en tres décimas del objetivo: del 0,6% previsto al 0,9%, pero el Estado ha absorbido ese margen. Montero ya anticipó que, a pesar de contar con el 3% de margen, no usará toda esa capacidad de gasto. Precisamente por la desviación de los Gobiernos regionales.

Además de esta potencial reforma a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que podría incorporar la reforma del marco fiscal nacional -adoptando la nueva gobernanza económica de Europa-, la vicepresidenta anunció dos paquetes fiscales que tramitará en el Congreso. Por un lado, la revisión del IRPF para adaptarlo a la subida del SMI, así como el incentivo a las energéticas en su gravamen temporal. Por otro, la reforma de estos gravámenes -incluido el de la banca- para convertirlos en impuestos al uso. Y, quizá, la ley más importante del mandato: la que condonará la deuda de las CCAA.