El Gobierno pedirá 25.000 millones de fondos UE en 2024 con el cuarto pago aún atascado por el subsidio del paro

El Gobierno ha informado a Bruselas de que este año pretende solicitar el quinto y el sexto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU, por una cuantía total de 25.000 millones de euros, mientras sigue pendiente de resolverse la petición del cuarto pago, cursada en diciembre, y sin haberse completado todas las reformas asociadas a esos 10.000 millones de euros.

El Ejecutivo remitió esta semana una actualización de sus previsiones macroeconómicas y fiscales para este año y el que viene, donde avanzaba su predisposición a solicitar ambas transferencias. El Gobierno, que ya no tiene obligación de presentar una actualización del Programa de Estabilidad a finales de abril como consecuencia de las nuevas reglas fiscales, decidió reiterar su compromiso con el despliegue del ‘maná’ europeo.

Así, los Ministerios de Economía y Hacienda prevén que este año se pida el quinto desembolso, por un monto de 7.248 millones, y el sexto, por 18.428 millones. En total, 25.676 millones, que serán instrumentados en 15.380 millones en préstamos y 10.295 millones de euros en transferencias a fondo perdido.

El 20 de mayo acaba el plazo de prórroga

«Si el año 2021 fue el del lanzamiento del Plan de Recuperación y durante los años 2022 y 2023 se ha alcanzado velocidad de crucero en la puesta en marcha de las reformas e inversiones del Plan, 2024 constituirá el año de máximo despliegue de las inversiones, pues muchas cuentan con un elevado grado de madurez y parte de ellas ya estarán finalizándose», valora el Gobierno de Pedro Sánchez en su documento a la Comisión.

Ahora bien, mientras el Gobierno piensa en los futuros desembolsos, la solicitud que ha presentado para el cuarto pago sigue pendiente de ser evaluada. El Gobierno consiguió una prórroga de dos meses que vence en unas semanas, el 20 de mayo, un tiempo en el que pretendía sacar la última de las reformas asociadas para así evitar una transferencia parcial.

Esa reforma es la del nivel asistencial de desempleo, el conocido como subsidio por desempleo. La reforma fue aprobada a finales del año pasado, junto con el paquete de medidas contra la inflación y otro de reformas de la Administración Pública para cumplir con los últimos hitos del cuarto pago.

El Gobierno retoma la última reforma del cuarto pago de los fondos

Sin embargo, la norma pergeñada por el Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz fue tumbada en el Congreso con los votos de Podemos, apenas un mes después de salirse del grupo parlamentario de Sumar.

Para evitar inseguridad jurídica, el Gobierno ha renunciado a dar salida a estas normas por la vía del real decreto-ley, ya que entran en vigor en el momento en que se publican, pero tienen un plazo de 30 días para ser validadas por el Congreso. En el caso de la reforma del subsidio, estuvo en vigor hasta ser rechazada por los diputados, una derrota parlamentaria que el Ejecutivo quiere evitar.

La mesa de diálogo social sobre este asunto tendrá lugar el lunes por la tarde y estará presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez-Rey, junto a sindicatos y patronal. Pese a que las partes más implicadas (Gobierno y sindicatos) reconocen que ha habido avances, la distancia que aún hay con Podemos y las sucesivas elecciones celebradas en la primera parte del año han dilatado la adopción de un acuerdo.

En cuanto al quinto y al sexto pago, todavía hay reformas importantes que tienen que ser adoptadas por el Gobierno para recibir el plácet de Bruselas, en un contexto en el que cuentan con una frágil mayoría parlamentaria. Por ejemplo, para el quinto desembolso todavía ha de aprobarse la Ley de Familias, que decayó en tramitación parlamentaria por el adelanto electoral, y que ahora el Ministerio de Derechos Sociales ha recuperado. Para el sexto pago, la Ley de Industria es una de las claves. Y han pasado tres ministros por ese departamento sin que haya conseguido salir adelante.