El Gobierno, aún sin fecha para desatascar la senda de déficit y los Presupuestos con Junts

Han sido semanas complicadas en el área económica del Ejecutivo y, tras mucho sudor y muchas lágrimas para sacar adelante la reforma fiscal, en el Gobierno ya tienen la mirada puesta en la siguiente prioridad: el techo de gasto y los objetivos de estabilidad, el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que necesitan de la luz verde del Congreso de los Diputados.

Fuentes del Gobierno se muestran optimistas con el futuro de la senda de déficit que, a fin de cuentas, es el futuro de las Cuentas públicas, todo además después de haber conseguido sacar adelante una reforma tributaria que no solo aumentará la recaudación, sino que permitirá al Gobierno solicitar el quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU, valorado en más de 7.000 millones de euros.

Sin embargo, dentro de ese optimismo con la posibilidad de sacar adelante los Presupuestos cabe también el reconocimiento de que las negociaciones van a ser complicadas, singularmente con Junts, ya que el partido de Carles Puigdemont tumbó la primera senda de déficit en el Congreso y forzó al Gobierno a retirar la segunda (que era la misma) ante la negativa a darle sus siete votos.

Aún no hay fecha para sacar adelante la senda y las conversaciones siguen produciéndose. En el Gobierno ya dieron por hecho de que tendrían que abrir la manga con las Comunidades Autónomas, manteniendo el objetivo total de déficit para el Estado, aunque ello fuera en detrimento de los ‘números rojos’ en los que puede incurrir el Estado.

Desde Junts reclamaban que el déficit para las comunidades el año próximo sea de, al menos, un tercio. El Gobierno comprometió con Bruselas que los números rojos para el año que viene serán del 2,5% del producto interior bruto (PIB). En el reparto que diseñó la vicepresidenta María Jesús Montero en un primer momento, el Gobierno central se reservaba el 2,2%, mientras que cedía un 0,1% a las Comunidades Autónomas y permitía a las entidades locales presupuestar en equilibrio.

Sin embargo, la propuesta de Junts pasaba por permitir a las comunidades un déficit de, al menos, un 0,8% del PIB. Esto implicaría que el Estado tendría que ceder gran parte de los recursos que se había reservado: 2,2 puntos de PIB son 33.000 millones de euros. Y si Hacienda se quitara siete décimas para las autonomías, esto supondría hacer un roto de 10.500 millones de euros en sus cuentas. Un agujero muy importante a la hora de elaborar los Presupuestos para el año que viene.

El Ejecutivo central cerró el ejercicio 2023 con un déficit del 2,1%, muy por debajo del objetivo que se había marcado y pudo compensar el desfase en el que incurrieron las autonomías, que se desviaron hasta unos números rojos del 0,9% del PIB.

El Gobierno consiguió una importante victoria la semana pasada con la aprobación de la reforma fiscal, que crea un nuevo impuesto a la banca y se compromete a reformar el de las energéticas, uniendo en la misma ley a todos los socios, desde Podemos a Junts. Es esta misma mayoría la que tendrá que aprobar los Presupuestos y, si el Gobierno fue capaz de hilvanar una mayoría en torno a los impuestos, con una importante carga ideológica, en el Ejecutivo ven viable ahormarla de nuevo para las Cuentas de 2025, aunque ello suponga una prórroga técnica.

En el Ejecutivo también ven fundamental el haber desbloqueado el paquete fiscal como parte de los compromisos con Bruselas, tanto de las reglas fiscales como de los fondos europeos. La reforma tributaria era una de las claves del quinto desembolso de los Next Generation EU y en el Gobierno ven posible pedir este pago antes de que termine el año.