El Gobierno tensiona aun más la empresa: este año un sindicalista se sentará en los consejos de administración

El Gobierno acelera el calendario legislativo para no dar la impresión de ser un ‘pato cojo’, sin apenas capital político ni maniobra, cuando no ha pasado ni un año desde que se adelantaron las elecciones generales. En concreto, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha conseguido colar una de sus prioridades, más allá del recorte de jornada, en el programa normativo para este año: la llegada de representantes de los trabajadores a los consejos de administración corporativos.

Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman a ECONOMÍA DIGITAL la noticia que avanzó este miércoles El Confidencial: el Ejecutivo pretende que este mismo año el Consejo de Ministros dé luz verde a la Ley de Democracia en la Empresa, la norma que debería desarrollar el artículo 129 de la Constitución, referido a la participación de los trabajadores en la gestión de las compañías.

Los trabajos son aún muy incipientes, señalan las mismas fuentes, pero ya se ha comenzado a diseñar el texto, sin que haya un calendario por delante ni una pretensión de convocar pronto a ambas partes (tanto a sindicatos como a representantes patronales) a una Mesa de Diálogo Social sobre el tema.

Si bien queda camino por delante, esta norma es una de las prioridades de Díaz para la legislatura. Por delante aún tiene dos proyectos pendientes muy importantes: el recorte legal de la jornada laboral de las 40 horas semanales a 37,5 y la reforma del subsidio por desempleo, clave para desatascar los 10.000 millones de euros del cuarto pago de los fondos europeos.

Estas dos leyes cuentan ahora mismo con sendas mesas de Diálogo Social con el Ministerio de Trabajo, sin contar la que hay abierta sobre los reglamentos LGTBI en las empresas, o las que dirige el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sobre pensiones o autónomos.

Un calendario legislativo y electoral apretado

El calendario legislativo y electoral no deja demasiado margen para que este proyecto salga del Consejo de Ministros en la primera mitad del año, aunque podría enviarse a las Cortes pasado el verano.

Más allá de que la norma esté en el Plan Anual Normativo que todos los ejercicios ha de aprobar el Ministerio de la Presidencia, hay pocos detalles al respecto de cómo será esta articulación. El acuerdo de Gobierno que firmaron PSOE y Sumar detalla que «en línea con el artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social, impulsaremos una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas».

El artículo 129, en su apartado dos, detalla que serán los poderes públicos quienes «promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa», fomentando por ley también las sociedades cooperativas. «También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción«, indica la Carta Magna.

El modelo de ‘cogestión’ alemán: el ejemplo de Navantia

«La democracia económica no es solo el artículo 129 de la Constitución, sino que tiene que ser parte de las gentes trabajadoras. ¿Ustedes creen que en una comarca afectada por la deslocalización, sus trabajadores y trabajadoras, si ellos decidieran, iban a permitir que su empresa se fuera?», se preguntó la vicepresidenta segunda durante la puesta de largo del acuerdo firmado con Pedro Sánchez.

El modelo por el que apuesta Yolanda Díaz no es nuevo y es conocido en el resto de Europa. En Alemania se conoce como ‘Mitbestimmung‘ (cogestión) y sitúa a los trabajadores como parte del día a día y del devenir de la empresa. El modelo en el que se mira la vicepresidenta segunda es el de la empresa pública Navantia, 100% propiedad del Estado mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). De los doce vocales con los que cuenta su consejo de administración, diez de ellos son seleccionados a propuesta del Gobierno, mientras que otros dos son elegidos por los sindicatos.

En concreto, CCOO -sindicato mayoritario en el comité de empresa de la compañía- cuenta con dos asientos: el de un representante de su Federación de Industria y el de un miembro de la Ejecutiva de Industria Ferrol, sección sindical de CCOO.

La letra pequeña de la norma

¿Qué empresas tendrán que incorporar a los trabajadores en su consejo de administración? A falta de la letra pequeña, la lógica indica que tendrá relación con su representación sindical. Las empresas de entre 10 y 50 empleados pueden contar con un delegado de personal, mientras que a partir de los 50 han de tener un comité de empresa.

Además, Sumar, el partido de Yolanda Díaz, presentó una proposición no de ley ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, donde ya se dan algunas pistas sobre por dónde irán los tiros de este proyecto. Además de forzar a sus aliados -fundamentalmente, el PSOE- a retratarse sobre la propuesta, el texto asegura que el funcionamiento más democrático de las empresas se reforzará mediante «mecanismos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y empleo y a la organización del trabajo en la empresa».

Igualmente, la norma abordará «el diseño e implementación de los instrumentos de control necesarios» para que la información y participación de los trabajadores sea eficaz, así como extender la cobertura de las representaciones sindicales en las empresas a nivel estatal y trasnacional.

El último punto de esta proposición no de ley es la clave: «Establecer un sistema que permita la participación sindical en los Consejos de Administración de las empresas y grupos de empresas».