El Gobierno gana 3.000 millones de margen para medidas en un año sin Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados para hacer un anuncio sobre su gestión económica. Desde la bancada azul, anunció que el año pasado el déficit cerró en el 3,7% del producto interior bruto (PIB), dos décimas menos del objetivo del Ejecutivo y, sobre todo, 6,3 puntos menos que el pico de 2020, en plena pandemia.

Pese a las dudas de los analistas y a tratarse de un año electoral, Hacienda consiguió cuadrar las cuentas en 2023 mejor de lo estimado inicialmente, prorrogando en gran medida las medidas contra la crisis energética y la inflación, y aprovechando los vientos de cola de la recaudación de impuestos. Y, precisamente, estas dos décimas de PIB (algo menos de 3.000 millones de euros) suavizarán el ajuste que el Gobierno tendrá que hacer para cumplir, ya en 2024, con el objetivo del 3%.

A la espera de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explique este jueves los pormenores de la ejecución presupuestaria, lo que está claro es que el descuadre de las cuentas públicas fue mejor de lo esperado y facilita la tarea para que, sin Presupuestos Generales del Estado, España cumpla con el déficit establecido en los tratados europeos.

10.200 millones de ajuste para este año

Pasar del 3,9% al 3% implicaba, con la base de PIB de 2023, un ajuste de 13.150 millones de euros, que se podría hacer bien por la parte de los ingresos (aumentando la recaudación), bien por la parte del gasto (adelgazando las cuentas). Ahora, pasar la reducción del desequilibrio fiscal del 3,7% al 3%, recorta el ajuste a unos 10.200 millones.

El Gobierno tiene ahora esos 3.000 millones de margen con los que trabajar durante este año. Sin Presupuestos, el Gobierno podría adoptar medidas de gasto a través de real decreto-ley, como, por ejemplo, con la extensión de algunas de las medidas anti-inflación hasta finales de año (la rebaja actual del IVA de los alimentos, por ejemplo, se extiende hasta el 30 de junio).

Ahora bien, curiosamente, la falta de estas Cuentas para este año -a las que el Gobierno ha renunciado después del adelanto electoral en Cataluña, precisamente, por la caída del proyecto presupuestario de Pere Aragonès– puede favorecer asimismo la corrección del déficit. Por un lado, el gasto público no aumentará como estaba previsto, con un techo de gasto de 199.120 millones de euros. Por otro, tampoco se adoptarán medidas de inversión y de gasto que suelen ir incluidas en la norma.

El lado negativo es, por supuesto, que la ausencia de Presupuestos limita determinadas inversiones productivas que puedan repercutir en un mayor crecimiento económico. La previsión del Ejecutivo es que este año el PIB aumente en un 2%, mientras que el consenso de los economistas sitúa el avance en torno al 1,9%.

El Gobierno podrá incurrir en el 3%

La ausencia de Presupuestos no implica que no haya compromiso de estabilidad con Bruselas. A pesar de que el Senado rechazó en dos ocasiones la senda de déficit que propuso el Gobierno -paso previo a la elaboración de los Presupuestos que, finalmente, no se presentarán-, los objetivos siguen siendo los negociados con la Comisión en el Programa de Estabilidad del pasado abril.

Y aquí lo importante es el reparto de ese objetivo de déficit. La estructura que aprobó el Gobierno a finales de año era más beneficiosa para comunidades autónomas y entidades locales, con la Administración Central asumiendo el ajuste por completo para el año siguiente. Sin embargo, el reparto del Programa de Estabilidad permite al Ejecutivo asumir todo el déficit (3 puntos), mientras que las Comunidades Autónomas tendrían que presupuestar en equilibrio (0,0) y las entidades locales, con superávit de dos décimas de PIB.

El Gobierno se aferra al objetivo de déficit del 3% para 2024 a pesar de que muchos analistas -sin conocer el dato de cierre de 2023- lo ven complicado. El Banco de España apuntó, en su último cierre trimestral, a un déficit del 3,8% para 2023, a solo una décima, pero que se estancaría en el 3,5% del PIB en el próximo trienio, hasta 2026. El Panel de Funcas, que recoge las opiniones de 19 analistas, sitúa el consenso para el déficit de este año en el 3,6% y para el próximo en el 3,2%. En ambos casos, lejos de ese 3% que fijan los tratados europeos.

En septiembre el Gobierno tendrá que mandar un plan fiscal estructural a Bruselas, en el marco de las nuevas reglas fiscales, que no solo garantice el cumplimiento de déficit, sino que establezca una senda reductora de la deuda de cara a la próxima década. El plan, que puede ampliarse a siete años si incluye inversiones para fomentar el crecimiento potencial, puede suponer un ajuste de hasta 2,5 puntos del PIB en cuatro años, de acuerdo con los cálculos de la Airef. Aunque todo depende de si el Gobierno, en este 2024 sin Presupuestos, es capaz de atinar el 3%.