El Gobierno cambia por segunda vez en medio año los hitos del cuarto pago de los fondos europeos
El Ejecutivo negoció cambios técnicos en las reformas vinculadas al cuarto pago en octubre y ahora vuelve a hacerlo para conseguir dos meses de margen
El Gobierno se encuentra negociando con la Comisión Europea una serie de cambios técnicos en relación con algunos de los hitos y objetivos correspondientes a la solicitud del cuarto desembolso de los fondos europeos, por un valor de 10.000 millones de euros, unas modificaciones que se producen apenas medio año después de las últimas, enfocadas a desatascar la solicitud.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció esta semana que Bruselas había concedido dos meses adicionales para evaluar si se habían completado los 61 hitos y objetivos vinculados al cuarto pago, que el Ejecutivo solicitó a finales del año pasado. El plazo original vencía el 20 de marzo y el Ejecutivo comunitario se da ahora hasta el 20 de mayo para comprobar que todo esté correcto.
Este plazo es clave ya que una de las reformas vinculadas al desembolso de 10.000 millones es la del subsidio por desempleo, el primer real decreto-ley del Gobierno que tomó posesión el pasado noviembre en ser rechazo por las Cortes, debido al voto en contra de Podemos, que sí apoyó las otras dos normas sometidas a votación (el decreto anticrisis y otro con diversas reformas para agilizar la Justicia o en el área de Función Pública).
La segunda «modificación técnica» en medio año
Cuerpo insistió en una comparecencia de prensa conjunta junto con el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, que el Gobierno negociaría con Bruselas una «modificación técnica» de la Adenda del Plan de Recuperación, aprobada el pasado octubre, para «adaptar técnicamente» alguno de los hitos. «Esta iniciativa está en línea con lo que ha sucedido en otros estados miembros, como Alemania o Italia, donde también se registra un elevado volumen de hitos y objetivos», justificó el titular de Economía.
Esta modificación en el Plan de Recuperación español es la que permitirá la extensión del plazo hasta mediados de mayo. El Gobierno, además de hacer la solicitud, tendrá que detallar a Bruselas los cambios técnicos que quiere realizar y, después, el Consejo tendrá que aprobarlos, aunque al tratarse de reformas muy técnicas su aprobación está garantizada. Una vez se produzca este proceso, será cuando la Comisión vuelva al procedimiento evaluador.
Cuerpo insistió en que los cambios no pasarían por rebajar algunas de las reformas comprometidas, como la del subsidio por desempleo, que sigue negociándose en el diálogo social y que la Vicepresidencia que dirige Yolanda Díaz tramitará ahora como proyecto de ley. «Para reducir la carga administrativa, los hitos que antes se medían en número de millones de euros adjudicados, ahora se hará en términos de contratos adjudicados, para que sea más fácil certificar el cumplimiento», detalló, en relación con los objetivos en relación con inversiones en redes de transporte. Los hitos, insistió el Gobierno, mantienen «el nivel de ambición» original.
El cuarto pago de los fondos debería haberse solicitado en 2023
Lo cierto es que esta modificación y extensión del plazo llega después de que el Gobierno ya negociara con Bruselas, durante las conversaciones para aprobar la Adenda -actualización- del Plan de Recuperación, cambios en los hitos vinculados al cuarto pago para tratar de acelerar su cumplimiento y solicitud.
El calendario original de solicitudes y desembolsos de los fondos europeos establecía que el cuarto desembolso se solicitaría en el primer semestre de 2023. Sin embargo, el adelanto electoral trastocó los planes, bloqueando algunas de las reformas pendientes y dilatando la aprobación de otras. Es por esto que en las conversaciones con Bruselas, el Ejecutivo decidió ‘adaptar’ alguno de los hitos para tratar de acelerar su aprobación, como explicaron entonces fuentes del Ejecutivo.
Entonces, hablaron de ajustes en los «instrumentos» para alcanzar los objetivos de las reformas. Por ejemplo, modificaron el relativo a la Ley de Función Pública para que esta ya no fuera una exigencia y se pudiera referir a «medidas regulatorias» en relación con los funcionarios.
Tras la investidura de Pedro Sánchez en noviembre, el Gobierno trató de recuperar el tiempo perdido aprobando las reformas pendientes por la vía del real decreto-ley. Pero la votación in extremis a principios de enero, en la que decayó el decreto de Díaz por la venganza de Podemos, demostró que esta ya no era la vía más factible.
Si en el plazo de dos meses el Ejecutivo no consigue sacar adelante la reforma del subsidio, el comisario Gentiloni dio a entender que podría solicitar una nueva extensión del plazo o, incluso, acceder a un desembolso parcial: de los 10.000 millones, se recibiría lo correspondiente a los hitos cumplidos. A partir de ahí, el Ejecutivo tendría seis meses para sacar la reforma… antes de recibir una notificación de la Comisión, previa a la pérdida del dinero asociado. Cuerpo, sin embargo, dejó clara la intención del Gobierno de sacarla adelante: «Estamos avanzando de manera bastante sustantiva y espero que podamos tenerlo a tiempo».