El Gobierno ve margen para cumplir con Bruselas pese a las ayudas millonarias a Valencia

A poco más de 50 días para que termine el año, el Gobierno ha sacado la calculadora. La catástrofe de la DANA en tres comunidades autónomas, pero especialmente en la Comunitat Valenciana, ha provocado un roto en las cuentas públicas cuando la situación ya parecía encarrilada para cumplir con los objetivos prometidos a Bruselas: un déficit del 3% del producto interior bruto (PIB) para este año y del 2,5% para el que viene.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación de un primer paquete extraordinario de ayudas a los 78 municipios afectados por el temporal de hace una semana valorado en 10.600 millones de euros, canalizado a través de un Real Decreto-Ley para el que el Ejecutivo, después de una reunión del ministro Félix Bolaños con los grupos parlamentarios, se habría garantizado los apoyos.

Pero Sánchez, preguntado en la rueda específicamente por las Cuentas Públicas y por el impacto de esta ayuda millonaria, fue claro: «Necesitaremos unos nuevos Presupuestos».

Desvío en el déficit y en la deuda pública

«Desde el punto de vista económico estamos hablando de cifras muy importantes. En este primer Real Decreto-Ley estamos hablando de 10.600 millones de euros. Son muchos recursos económicos a los que vendrán otros muchos que vamos a tener que pedir a las instituciones comunitarias, que vamos a tener que desembolsar de nuestras cuentas públicas y eso nos va a tener que hacer revisar el impacto sobre el déficit público y la deuda pública«, reconoció el presidente del Gobierno.

El Gobierno se comprometió a dejar el déficit en el 3% del PIB este año y en el 2,5% el que viene, con la meta de situar el desequilibrio de las cuentas públicas en el 0,8% en 2031. Además, confiaba en dejar la ratio de deuda pública en el 102,5% del PIB este año y que se situara por debajo del umbral psicológico del 100% ya en 2026, volviendo al punto de partida de la pandemia.

Sin embargo, la DANA trastoca estos planes. Varias fuentes gubernamentales consultadas se muestran contundentes con que el Ejecutivo tiene margen para hacer frente a las ayudas sin incumplir con los compromisos europeos, pero que, obviamente, el impacto del Plan de Respuesta Inmediata, de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunitat Valenciana -así lo ha designado el Ejecutivo- tendrá un notable impacto presupuestario.

5.000 millones en avales del ICO a Valencia

De hecho, la clave puede estar en el diseño de este programa millonario de ayudas: de los 10.600 millones, prácticamente la mitad (5.000 millones) estarán articulados mediante avales del Instituto de Crédito Oficial para autónomos, empresas y hogares, por lo que el impacto presupuestario solo será tal si se producen impagos.

Otros 3.500 millones de euros forman parte de las indemnizaciones previstas por el Consorcio de Compensación de Seguros, que tiene una financiación y patrimonio propios, lo que deja en unos 2.000 millones de euros el resto de ayudas directas movilizadas por el Ejecutivo.

Fuentes del Ministerio de Economía se muestran convencidas de que el margen que tiene el Gobierno permitirá que los efectos sobre la deuda pública estén contenidos. «Las proyecciones de ingresos y gastos que determinan el programa de financiación del año son siempre prudentes y la Tesorería del Estado tiene capacidad para hacer frente a imprevistos. En principio, no hay previsión de modificar el programa de financiación de 2024″, inciden desde el departamento que lidera Carlos Cuerpo.

Cuestión distinta es el año 2025, ejercicio en el que ya están trabajando y que incluirá «todas las ayudas que sean necesarias» a la hora de elaborar las previsiones de financiación.

Para el año que viene el Gobierno confía en tener unas cuentas propias: «Vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los colectivos, singularmente la Comunitat Valenciana», dijo Sánchez. La mano tendida a todo el Congreso, incluido el PP, no ha sentado bien a los sectores más a la derecha del partido, encabezados por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: «Chantajear mezclando Presupuestos con ayudas es mezquino«, escribió en la red social X (antes, Twitter).

El año que viene debe entrar en vigor el nuevo marco de reglas fiscales y la Comisión Europea ya ha abierto la puerta a mostrar cierta flexibilidad con España, ya que la nueva gobernanza económica cuenta con disposiciones específicas para abordar situaciones de emergencia y grandes acontecimientos «que van más allá del control del gobierno», como apuntó el vicepresidente en funciones de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

«Los servicios de la Comisión Europea ya están en contacto con las autoridades españolas para discutir las posibilidades y cuales son las necesidades. Ciertamente usaremos también herramientas fiscales para ayudar a España a lidiar con esta difícil situación y las consecuencias de las inundaciones», dijo el letón, quien trasladó sus condolencias a las víctimas.

Mientras, Hacienda sigue con las negociaciones con los grupos para sacar adelante la senda de déficit, el primer paso de la tramitación presupuestaria. La parte de Junts sigue siendo la más difícil de convencer, pero en el Gobierno hay confianza para poder sacar adelante las cuentas para principios del año que viene.