El Gobierno deja en el aire las ayudas al transporte público en 2025 porque persiste el uso del coche

El Gobierno ha dejado en el aire el futuro de los descuentos al transporte público, una medida en vigor desde 2022 y que termina el próximo 31 de diciembre, ante la evidencia de que esta importante partida presupuestaria no ha permitido una reducción en el uso del transporte privado, lo que era, precisamente, el espíritu de la medida.

Durante las tradicionales conversaciones informales con la prensa tras los actos por el Día de la Constitución en el Congreso, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el Gobierno estaba «trabajando» en el futuro de esta medida, pero que tenían que valorar si estaba resultando efectiva.

En el Ejecutivo preocupa que los importantes desembolsos que se están realizando en un área que es clave en sus políticas, la movilidad sostenible, no está teniendo los efectos esperados. Porque si bien cada vez se usa más el transporte público gracias a estas medidas, el empleo del transporte privado sigue estable, por lo que no se está disuadiendo de su uso.

La medida se implantó en septiembre de 2022 ante la subida de los precios del combustible y por la crisis inflacionaria tras la invasión rusa de Ucrania, buscando aliviar el bolsillo de los viajeros, por un lado, e intentar reducir el coste de los carburantes mediante una reducción de su demanda.

Las medidas terminan su validez el 31 de diciembre, por lo que el Gobierno tendría que aprobar un nuevo Real Decreto-Ley para extenderlas antes de que termine en el año. Previsiblemente, en el último Consejo de Ministros, que tendrá lugar el 23 de diciembre, y que contará con el tradicional balance de fin de año del presidente Pedro Sánchez.

Según los datos del Ejecutivo, las medidas de fomento del transporte público han tenido un impacto presupuestario de 1.464 millones de euros. 660 millones se destinaron al descuento del 30% en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo de titularidad autonómica y local.

Pero a esto hay que sumarle los 600 millones de euros para compensar a Renfe la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional y los descuentos del 50% de los títulos multiviaje de Avant; los 80 millones de euros para compensar la gratuidad de las líneas autobús estatales para viajeros recurrentes; y los 124 millones de euros para la bonificación del 100% del transporte público colectivo terrestre de Canarias y Baleares.

Sobre el descuento a las líneas autonómicas y locales, el Gobierno lo vinculó a que los ejecutivo regionales complementaran el 20% restante para rebajar a la mitad el coste habitual de estos abonos de transporte.

Es por esto que los Ejecutivos autonómicos urgen al Gobierno a aclarar el futuro de la medida, de cara a sus propias cuentas regionales.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, reservó en sus Presupuestos regionales los fondos para seguir subvencionando el 30% de la ayuda, pero vinculado a que el Gobierno mantuviera su apoyo financiero.

«No sabemos todavía a esta fecha si el Ministerio de Transportes va a mantener esa ayuda», aseguró el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrado esta semana. «Estamos con el mes de diciembre muy avanzado y todavía el ministro [de Transportes, Óscar] Puente no se ha pronunciado y esperamos que lo haga cuanto antes», reclamó.