El Gobierno permite alquilar la vivienda adquirida con los avales del ICO en caso de matrimonio, divorcio o traslado laboral
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, informó el pasado martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “el ICO firmará durante mayo los contratos con las entidades financieras que soliciten operar en esta línea”
Todo listo para que los clientes puedan beneficiarse de los avales de 2.500 millones de euros que distribuirá el ICO a través de las entidades financieras para la compra de la primera vivienda.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, informó el pasado martes de la «puesta en marcha» de una herramienta que beneficiará a 50.000 familias y jóvenes, según los cálculos del Ejecutivo.
El Gobierno liderado por Sánchez aseguró que «las grandes entidades financieras» se han mostrado receptivas a esta nueva herramienta en la que tendrán un papel elemental. La titular de Vivienda y Agenda Urbana detalló que «el ICO firmará durante mayo los contratos con las entidades financieras que soliciten operar en esta línea».
El Ejecutivo ya se ha puesto manos a la obra con el funcionamiento de esta nueva vía, y ha emitido un borrador a los bancos en los que especifica las condiciones, requerimientos, necesidades y obligaciones que deben asumir cuando concedan un crédito ligado a los avales del ICO.
Se puede arrendar la vivienda adquirida con los avales del ICO
Entre los apartados que incluye el borrador, destaca uno en el que el Gobierno detalla que los clientes que adquieran una vivienda con estos avales pueden arrendar dicho inmueble siempre que se den determinadas circunstancias personales.
«La vivienda podrá ser arrendada cuando concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda», indica el Ejecutivo en el borrador.
El escrito incluye entre las circunstancias que «exigen el cambio» de domicilio «la celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o empleo más ventajoso, y otras análogas que sean aprobadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana».
Desde el Ejecutivo trasladan que esta nueva vía nace para facilitar el acceso de los más jóvenes a su primera vivienda y, en ningún caso, para lucrarse de ella. De hecho, en el mismo borrador se indica que el domicilio adquirido a través de los avales del ICO «será destinada a vivienda habitual y permanente, quedando excluida la compra de locales de negocio».
El escrito añade que «no se podrá hacer uso de la vivienda para el ejercicio de una actividad económica en el momento de la formalización del préstamo avalado».
Los adquirientes deben tener un patrimonio inferior a 100.000 euros
Los de Sánchez emiten esta nueva vía solo para agilizar el acceso de los jóvenes o de las familias más vulnerables a la primera vivienda. El Gobierno ha tratado de afinar el borrador para que las entidades financieras que se adhieran a esta práctica a partir de mayo sepan cuales son las condiciones y requisitos necesarios para que puedan conceder un préstamo a un cliente.
El Ejecutivo liderado por Sánchez incluye otros apartados a tener en cuenta como que «no podrán figurar más de dos personas como adquirientes de la vivienda»; o que «los adquirientes no podrán tener un patrimonio neto superior a 100.000 euros. En caso de que se trate de dos adquirientes, este límite patrimonial se entenderá para cada uno de ellos«.
Requisitos clave
La iniciativa del Gobierno está dada para mayores de edad de hasta 35 años y familias con menores a su cargo y con ingresos de hasta 37.800 euros. Rodríguez señaló a mediados de febrero cuando el Gobierno presentó esta herramienta que «el objetivo que tiene el Ministerio es que para acceder a una vivienda digna ningún español tenga que dedicar más del 30%».
Los cálculos del Ejecutivo estiman que 50.000 clientes podrán beneficiarse de esta vía de financiación, lo que implica un promedio de unos 50.000 euros por operación.
Como informó el Gobierno, el aval está comprendido para el 20% del importe de crédito y tendrá una vigencia máxima de 10 años desde que el adquiriente se haga con el préstamo. Los de Sánchez apuntaron que las operaciones no acarrearían ningún coste ni a los clientes, ni tampoco a las entidades financieras que se sumen a esta iniciativa.