El Gobierno cuenta con 11.000 millones de margen para financiar el gasto en Defensa

El Gobierno prepara las calculadoras y en los Ministerio de Hacienda y de Defensa se preparan para revisar, uno a uno, todos los conceptos de los Presupuesots Generales del Estado de 2023, prorrogados de nuevo para 2025, y encontrar en ellos el margen fiscal suficiente para cumplir con el compromiso internacional de llegar al 2% del producto interior bruto (PIB) en gasto militar.

El cierre de ejecución presupuestaria del año 2024 ya muestra que el Gobierno cuenta con capacidad de fuego suficiente para dar un importante impulso a las cuentas de Defensa. Según las cifras internas que maneja el Ejecutivo, la inversión española en 2024 se situó en el entorno del 1,4% del PIB, por encima del 1,28% de 2023 que colocó a nuestro país como farolillo rojo entre los miembros de la OTAN.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló durante la rueda de prensa que el cierre presupuestario de 2024, con un déficit del 2,8%, ya apuntaba el margen fiscal del que dispone el Gobierno de Pedro Sánchez. «A brocha gorda» -dijo Montero-, al cerrar con un déficit de dos décimas por debajo del objetivo del 3% que se había comprometido con Bruselas, esos 0,2 puntos del PIB (unos 3.200 millones de euros) podrían derivarse al gasto en Defensa.

«El ejercicio que se hace para recomponer la prórroga presupuestaria con todos esos compromisos [como la subida de las pensiones o las ayudas al transporte público] permite a simple vista saber que, del 2,8% al 3% existen dos décimas en las que hay flexibilidad para destinar otros recursos a otras políticas que puedan resultar importantes para el Gobierno de España», subrayó la ‘número dos’ de la coalición.

Ahora bien, el detalle de las cuentas públicas de 2024 muestra que el Gobierno también dispone de 8.000 millones en gastos ‘one-off’, que solo computan un año en el déficit, derivados de sentencias judiciales contra la Administración que ya se han contabilizado el año pasado y que no continuará imputándose en ejercicios futuros.

Estos 8.000 millones suponen cerca de medio punto del PIB que, sumado a las dos décimas adicionales, sumaría 0,7 puntos porcentuales. Si el Gobierno reconduce esos 11.000 millones al gasto en Defensa, sería factible cumplir con el objetivo fijado para 2029 ya en 2025 o, como tarde, en 2026.

Este amplio margen fiscal explica por qué el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya ha hablado de que España podría cumplir con el objetivo este mismo año. O el desliz del ministro de Industria, Jordi Hereu, que dijo que llegaríamos al 2% del PIB este año y después tuvo que desdecirse.

El Gobierno comprometió con Bruselas que el déficit cerraría este 2025 en el 2,5% del PIB, tres décimas menos que lo logrado en 2024, unos 4.800 millones de euros. Sin embargo, con la expiración de las rebajas fiscales y el próximo fin de las ayudas al transporte público, sumado al buen comportamiento de la recaudación, esto podría corregirse sin prácticamente ajustes adicionales.

Lo cierto es que este asunto apremia cada vez más. En el primer contacto entre la nueva Administración del Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez, a un nivel de subsecretarios, la Casa Blanca ya reiteró que España tiene que aumentar el gasto que destina a Defensa.

El presidente Pedro Sánchez compareció esta semana y anunció que pondría en marcha un plan para potenciar la industria de la Defensa, aunque evitó dar plazos y sendas de cumplimiento. Este programa, como adelantó El País, podría colgar del Ministerio de Industria.

En el Gobierno aguardan para confirmar cómo van a financiar las nuevas necesidades militares a que Bruselas defina con exactitud los mecanismos que habrá a disposición de los Estados Miembro y si habrá transferencias o no. El factor clave, como recordó Montero, será si se puede activar la cláusula de escape de las reglas fiscales para sacar del cálculo del déficit los gastos militares. Eso permitiría que el gasto militar «no compita» con el gasto social. Una urgencia para Sánchez si quiere que sus socios aprueben cualquier medida que tenga que pasar, sí o sí, por el Congreso.