La Generalitat solo dispone de 388 viviendas de protección oficial terminadas de las 50.000 previstas para 2030

El ritmo de construcción de los VPO en los últimos cinco años en Cataluña ha sido de 1.500 pisos anuales

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. Foto: Lorena Sopêna / Europa Press

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. Foto: Lorena Sopêna / Europa Press

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Las 50.000 viviendas para incrementar el parque público de vivienda que ha prometido la Generalitat de Catalunya para 2030 están empezando a desarrollarse. El Gobierno encabezado por Salvador Illa ya está desarrollando 4.000 de estos pisos, pero el camino se prevé largo: por ahora, únicamente 388 están terminados para vivir.

El ejecutivo catalán se ha marcado la vivienda como una de sus principales prioridades. Su objetivo es que el parque de vivienda pública pase del 2,5% actual al 15% en 20 años, con un 9% de alquiler. Para ello, el primer reto a medio plazo que se han marcado es conseguir 50.000 viviendas de protección oficial de alquiler asequible en seis años.

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, liderado por la consellera Sílvia Paneque, ha hecho un primer análisis aproximado del potencial de construcción de viviendas de protección oficial según el planeamiento urbanístico de cada municipio, con la voluntad de determinar dónde hay el suelo necesario para construir estas viviendas.

Así, ya tienen en proceso de producción o ya se han adquirido un total de 4.002 viviendas. De estas, pero, la inmensa mayoría (3.087) aún están en proceso de concurso público, liquidación o contratación; 346 ya se están construyendo; y únicamente 118 están terminadas.

Estas viviendas provienen de solares del propio Institut Català del Sòl (Incasòl) (700), municipales (2.476) o promoción delegada (375), además de las 451 de Inmocaixa que se adquirirán este mes de diciembre, de las cuales 270 ya están alquiladas, mientras que otras 127 están vacías y hay que destinar 11,3 millones de euros para llevar a cabo obras de conservación y adecuación a la normativa, según el Departament.

Lento ritmo de construcción

Por lo tanto, las 118 viviendas ya terminadas más las 270 que están disponibles y alquiladas de Inmocaixa suman un total de 388 VPO, de las 50.000 a las que se pretende llegar en seis años.

Un ritmo que empieza lento, y que confirma la tendencia que ha seguido Cataluña en los últimos años de construcción de viviendas de protección oficial. Según los datos del Institut d'Estadística de Catalunya (IDEASCAT), la media de VPO terminados en los últimos cinco años es de 1.490 anuales:

Pese a que en 2023 se terminaron 2.283 VPO, una cifra que supera con creces la de los últimos años, estos valores quedan lejos de los más de 8.300 que habría que lograr al año para llegar a 50.000 en 2030.

Aunque hay que añadir que la vivienda pública no se consigue únicamente por viviendas de nueva construcción. La Generalitat también estudia fórmulas como la adquisición a entidades financieras --como el reciente caso de Inmocaixa--, la compra por tanteo y retracto o la rehabilitación, entre otros.

Solares y suelos identificados

Pese a este reto "colosal", como lo calificó la propia consellera en la presentación de los datos, el Gobierno se muestra optimista en poder cumplir los plazos.

"Generar estas 50.000 viviendas para el 2030 requiere esfuerzos, recursos, planificación y ejecución de todo el sector público", subrayó Panque, además de tener en cuenta "el contexto de crecimiento demográfico" que ha "agudizado el problema" de poder acceder a una vivienda asequible.

Por ahora, las primeras 4.002 viviendas estarán construidas entre 2025 y 2029; pero también se tienen identificados una serie de suelos y solares, con una aproximación del potencial de VPO que se pueden edificar, para poder llegar al reto marcado.

La vivienda pública no se consigue únicamente por viviendas de nueva construcción

Por un lado, se prevén 5.063 viviendas en suelos que ya tienen la condición de solares, pero donde aún no se ha empezado a construir; es decir, disponen de alumbrado, servicio de agua o alcantarillado público y calles urbanizadas. Por lo tanto, "se puede tramitar de forma inmediata la licencia y después edificar", ha explicado Víctor Puga, el secretario de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana.

El Departament calcula que con estas, sumadas a las otras 4.002, más los suelos que ayuntamientos y privados pongan a disposición de la Generalitat en la primera convocatoria que se abrirá en febrero, se llegará a unas 20.000 VPO en una primera fase de ejecución.

Por otro lado, se ha analizado el potencial de suelos ubicados en los municipios con una demanda fuerte y acreditada de vivienda, en los que se podrían edificar más de 100 VPO en cada uno de ellos. En total, 86.229 viviendas en suelos que aún necesitan completar la tramitación urbanística para considerarse solares.

"Es una previsión viva y que se puede mover", ha dejado claro Paneque, pues hay municipios donde el planeamiento urbanístico es muy antiguo, hay que tener en cuenta otros riesgos sectoriales --como la inundabilidad--, la viabilidad económica de las actuaciones y el consenso con el propio municipio.

En cuanto al ritmo de construcción de estas viviendas, en estos casos, como se requiere toda la tramitación urbanística, el proceso es más lento. Se calcula que, si se optimizan todos los procesos habituales, harían falta unos siete años y tres meses entre el inicio del procedimiento y la entrega de llaves a los nuevos inquilinos.

Titularidad pública "para siempre" de las viviendas

Las 50.000 viviendas previstas serán de protección oficial y destinadas al alquiler asequible, "pensado para las clases medias", ha especificado Paneque, que lo ha querido diferenciar de la vivienda social o vulnerable, "que se gestiona desde l'Agència de l'Habitatge de Catalunya".

En algunos casos, harían falta unos siete años y tres meses entre el inicio del procedimiento y la entrega de llaves

Asimismo, ha remarcado que serán pisos de titularidad pública "para siempre", para evitar que una vez cedidos a particulares, estos los puedan vender y pasen a formar parte del mercado libre, con su consecuente salida del parque público, como ha sucedido en el pasado.

La construcción puede ser a través de la promoción directa, por el propio Incasòl, por empresas públicas, o también construcción delegada, como las 375 que ahora mismo están en proceso.

Esta externalización se hará "con distintas fórmulas", ha detallado la consellera, colaborando con empresas, cooperativas u otras administraciones, como los ayuntamientos. "Se cede el suelo, se construye, gestionan durante un tiempo los alquileres, pero luego se retiran, porque la titularidad y protección será pública y para siempre", ha insistido.

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