Los funcionarios piden explicaciones al Gobierno tras filtrarse que ve «razonable» acabar con Muface

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha expresado su rechazo a las propuestas filtradas desde el Ministerio de Sanidad que plantean un cambio en el modelo de Muface.

Según dicho informe, el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, presenta ‘Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud’, donde plantea la integración progresiva de los mutualistas a la Seguridad Social.

Sanidad ha detallado que el modelo actual se enfrenta a desafíos de sostenibilidad debido al envejecimiento de la población mutualista y los altos costes asociados. Además, las aseguradoras privadas no han aceptado las condiciones propuestas por el Gobierno, lo que agrava la situación.

En las últimas semanas, varias empresas del sector como Adeslas, Asisa o DKV se retiraron de Mufase al no llegar a un acuerdo en la licitación de la cobertura sanitaria, ya que las aseguradoras privadas no encuentran rentabilidad.

La incertidumbre generada por esta situación ya está afectando a los mutualistas, con casos reportados de denegación de atención médica en clínicas y chequeos debido a la falta de claridad sobre el futuro del concierto sanitario.

Propuesta para acabar con Muface

El informe propone, entre otras cosas, una transición escalonada que priorice la atención a pacientes con tratamientos crónicos y complejos, asegurando continuidad asistencial y calidad. En los primeros meses, se mantendría un compromiso con listas de espera quirúrgicas reducidas y se implementaría un plan de comunicación para informar a la población.

Para aquellos pacientes en estado crítico, como oncológicos en estado avanzado, se contempla una solución excepcional que permita renegociar la cobertura con las aseguradoras durante un año más, garantizando su atención sin interrupciones.

El plan también incluye transferir los fondos previamente destinados a las aseguradoras privadas hacia las comunidades autónomas para reforzar los servicios de salud pública, con un uso exclusivo durante los primeros tres años. Sanidad considera esta medida como una respuesta viable y razonable.

CSIF se opone frontalmente a esta posibilidad

Desde CSIF aseguran que no aceptarán una decisión del Gobierno que modifique el actual sistema de asistencia sanitaria para los funcionarios. El sindicato ha exigido al Ministerio de Función Pública que tome cartas en el asunto y cumpla su compromiso de lanzar una nueva licitación del concierto con las aseguradoras, asegurando la calidad del servicio sanitario a largo plazo.

Además, están evaluando la posibilidad de organizar movilizaciones, paros o incluso una huelga en la función pública si el Ejecutivo no responde adecuadamente a sus demandas.

«El Gobierno está jugando con la tranquilidad y la salud de un millón y medio de personas, funcionarios y sus familias (personas mayores y menores de edad) que en estos momentos ven con incertidumbre el futuro de su asistencia sanitaria«, ha subrayado CSIF. Mientras tanto, el sindicato continúa recibiendo cientos de llamadas de preocupación por parte de los afectados.

«Quitarse un problema de encima»

La Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) también ha manifestado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Sanidad. Esta medida genera una enorme incertidumbre, no solo para los empleados públicos afectados, sino también para el sistema sanitario en general.

FEDECA ha alertado que esta decisión del Gobierno supondría un incremento de la presión asistencial en los centros sanitarios públicos, agravando las listas de espera y los tiempos para obtener una cita. A

«Extinguir MUFACE supone para el Gobierno quitarse un problema de encima y entregárselo multiplicado a las Comunidades Autónomas, competentes en materia sanitaria, y que son quienes tendrán que lidiar con esa avalancha de beneficiarios, sin margen y sin los recursos necesarios» ha señalado la federación.

Por otro lado, han señalado la situación de los empleados públicos destinados en el extranjero, la incertidumbre es aún mayor, por el hecho de que muchos se encuentran en países con sistemas de salud público deficiente, lo que complica garantizar su acceso a una cobertura sanitaria adecuada.

La federación también ha advertido sobre el impacto que esta incertidumbre podría tener en la imagen de España a nivel internacional, especialmente entre los países de nuestro entorno.