Los funcionarios convocan una manifestación ante Hacienda para exigir la subida salarial
El sindicato CSIF llama a la movilización el próximo 19 de marzo para demandar un nuevo acuerdo salarial y expresa su preocupación "por la incapacidad del Gobierno para presentar unos Presupuestos"
Varias personas con banderas de CSIF durante una concentración.
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El sindicato de funcionarios CSIF ha convocado una movilización el próximo 19 de marzo ante el Ministerio de Hacienda para exigir la negociación y firma de un nuevo acuerdo salarial, después de que el anterior concluyera el pasado 31 de diciembre, y expresar su preocupación «por la incapacidad del Gobierno para presentar unos Presupuestos» por su debilidad parlamentaria.
En un comunicado, la central anuncia un calendario de movilizaciones que comenzará con esa manifestación delante del Ministerio que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero y que se extenderá después a las sedes de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno de todo el país.
Los funcionarios canalizan sus protestas ante Hacienda a pesar de que, formalmente, dependen del Ministerio de Función Pública, que lidera Óscar López, y a quienes critican por no haber abierto todavía el diálogo para ese alza de retribuciones.
La central reclama la apertura de la Mesa de Administraciones Públicas, que solo se ha convocado una vez desde la constitución del nuevo Gobierno, y que se negocie ese acuerdo salarial para paliar la pérdida del 9% de poder adquisitivo acumulado desde 2022 y también la pérdida del 20% desde los recortes que aplicó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
CSIF reclama recuperar la estructura salarial previa a estos ajustes, la negociación de una nueva oferta de empleo público para este año sin tasa de reposición, la jornada laboral de 35 horas para todos los funcionarios del Estado, con la implantación de una carrera profesional en todas las administraciones y teletrabajo, así como la equiparación salarial.
«El sindicato está preocupado por la incapacidad del Gobierno para presentar unos Presupuestos por su debilidad parlamentaria, y que permitan poner en marcha las reformas que necesitan las administraciones públicas, cada vez más tensionadas en ámbitos tan importantes como la Sanidad, la Educación o la Administración General del Estado», lamentan en la nota.
Según sus cálculos, 6 de cada 10 funcionarios de la Administración General del Estado se jubilarán en la próxima década, lo que «pone en peligro la sostenibilidad» de los servicios públicos.
