Frankfurt se lleva la AMLA y acaba con el sueño de Madrid de acoger una Agencia europea
La ciudad alemana, que también acoge el BCE, ha recabado el apoyo del Consejo Europeo y también de la Eurocámara
La ciudad alemana de Frankfurt acogerá la sede de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), después de conseguir el apoyo mayoritario del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo, acabando con el sueño de Madrid de acoger su primera Agencia europea.
«¡Hay acuerdo! El Consejo Europeo y el Parlamento han acordado que la nueva AMLA tendrá su sede en Frankfurt», ha anunciado la cuenta oficial de la Presidencia belga del Consejo de la Unión Europea en la red social X.
Madrid y Frankfurt partían como favoritas en el proceso pero el apoyo mayoritario del Consejo Europeo ha decantado la balanza a favor de la ciudad alemana. Frankfurt vendía como una de sus ventajas el hecho de ser la sede del Banco Central Europeo (BCE), por lo que esto podría favorecer el ecosistema de supervisión bancario a nivel europeo.
Según fuentes europeas citadas por Efe y Bloomberg, Frankfurt fue la ciudad escogida por los Estados miembros, seguida de París, Roma y Vilna. Fuera de ese listado quedaron cinco ciudades: junto a Madrid, cayeron Dublín, Bruselas, Riga y Viena. Tras dos rondas más de votación, la candidatura alemana fue la que concitó más apoyos.
«La AMLA desarrollará un papel clave en la lucha contra las actividades financieras ilegales en la Unión Europea. Con más de 400 trabajadores, comenzará a operar a mediados de 2025», indicaron los belgas, que ostentan la presidencia de turno del Ecofin durante este semestre.
Según el procedimiento de votación, tanto los Estados como la Eurocámara cuentan con 27 votos, en el primer caso uno por país y en el segundo repartidos en función del peso de los grupos, y para resultar elegido hacía falta una mayoría simple de al menos 28 de los 54 votos válidos emitidos.
La AMLA se encargará de supervisar directamente el riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo en las grandes entidades de crédito europeas y de coordinar el trabajo con los supervisores nacionales, empezará a funcionar en 2025 y contará con unos 400 empleados.