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Sánchez Llibre (Foment): la reducción de jornada de Yolanda Díaz costará 50.000 millones a las empresas
El presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez-Llibre, ha cargado contra la vicepresidenta del Gobierno por una propuesta que consideran una "injerencia inaceptable" y ha defendido la negociación colectiva y el diálogo social
La propuesta de la reducción de la jornada laboral de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, continúa levantando un frontal rechazo por parte de las asociaciones empresariales. El proyecto para limitar a 37,5 horas semanales la jornada laboral supondría un coste de 49.000 millones de euros para las empresas, según la patronal catalana Foment del Treball.
Así lo ha explicado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, que, junto con 18 asociaciones representantes de los sectores más relevantes de la economía catalana, han hecho público un manifiesto en contra de la medida y en defensa de la negociación colectiva y el diálogo social.
Sánchez Llibre ha hecho hincapié en los efectos negativos que la reducción de jornada tendría para las empresas, la actividad productiva y la ocupación. Si la medida saliese adelante, supondría un incremento de los costes unitarios salariales del 7%, ha explicado.
En global, el coste para las empresas ascenderá a 12.000 millones de euros que, sumados a 37.000 millones que calculan de coste del absentismo laboral, suponen 49.000 millones, lo que equivale al 4,1% del PIB español.
El presidente de Foment también ha resaltado «el riesgo para pymes, microempresas y autónomos«, así como el efecto en «decenas de miles de puestos de trabajo, por la pérdida de productividad».
«Injerencia inaceptable» del Gobierno
La patronal catalana ha cargado contra el Gobierno por lo que consideran que es una «injerencia inaceptable» en ámbitos que corresponden, afirman, a los agentes sociales. El presidente de Foment se ha dirigido directamente a Díaz para manifestarle «con contundencia» que no están en contra de la reducción de la jornada por principio, sino contra el hecho de «reducirla de manera generalizada y uniforme para todos los sectores y empresas por ley».
En este sentido, el manifiesto que han presentado Foment y otras 18 asociaciones, que lleva por título Sí a la economía productiva, sí al diálogo social, sí a la democracia, dirigido especialmente a los grupos parlamentarios del Congreso, que son los que tendrán que apoyar la propuesta de Díaz, pone en valor la negociación colectiva como «instrumento esencial» en el funcionamiento del mercado de trabajo y como «gran éxito» de la democracia española.
En este sentido, Sánchez Llibre ha recalcado que, a través de las negociaciones de los convenios colectivos, en aquellos sectores donde es posible la reducción de la jornada laboral, «por la mayor productividad o la incorporación de la innovación en los nuevos procesos productivos», se ha hecho «de forma pactada y equilibrada».
Hasta octubre de 2024, en Cataluña, 101 convenios colectivos, un 29% del total, han pactado menos de 1.712 horas anuales, por lo tanto, «menos de 37,5 horas a la semana», ha destacado.
Foment tacha de «imposición, autoritarismo y coacción» las manifestaciones del Gobierno sobre la reducción de la jornada, después que la ministra Díaz haya optado por acordar la propuesta únicamente con los sindicatos, ante el fracaso de las negociaciones con las asociaciones empresariales.
En contraposición, desde la patronal van «en dirección contraria, el sí a la economía y el diálogo», ha insistido, además de añadir que la negociación colectiva y las funciones de los sindicatos de los trabajadores y las asociaciones empresariales están reconocidas en la Constitución, por lo que «ni los grupos parlamentarios ni los poderes públicos pueden remplazar los representantes legítimos«.
La junta directiva de Foment se reunió recientemente con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien trasladaron su preocupación por esta medida. Sánchez Llibre ha anunciado que se reunirá con los grupos políticos para transmitirles su posición; y, en caso que la propuesta se aprobase, ha explicado que diseñarían conjuntamente con la CEOE una hoja de ruta en común.
Las asociaciones que han dado apoyo al manifiesto son ACRA, AECOCC, Barcelona Oberta, CEDAC, Confecat, Consell de Gremis de Catalunya, FECIC, Fecavem, Fedequim, Federació Catalana de Càmpings, Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya, Gremi de Restauració, Institut Agrícola Sant Isidre, TexFor, Transcalit – Federeració Catalana de Transports de Barcelona, UFEC, UPM i Unió Catalana d’Hospils.