El FMI enmienda a Sánchez: del gasto en Defensa al impuesto a la banca pasando por la vivienda y el SMI

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado un respiro al Gobierno tras elevar la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para este año en dos décimas, hasta el 2,5%. Pero este ‘aliento’ adicional se limita prácticamente a esto, ya que, en su análisis económico anual, la institución con sede en Washington D.C. (EEUU) hace una enmienda al grueso de las políticas desplegadas por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

Desde la crisis de la vivienda, pasando por la fiscalidad, el mercado laboral y la propuesta de condonación de la deuda de las comunidades autónomas, el FMI no deja ningún tema por tocar, a pesar del «sólido» estado de la economía española, aunque con riesgos en el horizonte: no solo la guerra comercial, sino también la fragmentación política y el envejecimiento de la población.

La institución ve viable cumplir el compromiso de Sánchez de elevar el gasto en Defensa al 2% del PIB antes de 2029, en línea con las nuevas prioridades europeas tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Ahora bien, ve difícil que se pueda hacer con el compromiso de no recortar gasto de otras partidas sociales y apunta a una subida de la presión fiscal para hacer frente a este compromiso permanente.

El jefe de la Misión del FMI a España, Romain Duval, explicó en una rueda de prensa para presentar el informe de los técnicos del Fondo que este gasto permanente en Defensa al 2% debería ser «neutral en términos presupuestarios». «Creemos que un aumento permanente debería ser financiado a través de medidas permanentes y esto incluiría una fijar nuevas prioridades en los gastos o en los ingresos. Gastos más bajos en otras áreas o impuestos más altos», resumió.

Sobre la política fiscal, el FMI constata el saneamiento de las cuentas públicas pero cree que el Gobierno debería «aprovechar el fuerte impulso económico» para reducir aún más el déficit. Según sus cálculos, el saldo público se estancará en torno a un déficit del 2% del PIB en 2030, frente al 1,2% que proyecta el Gobierno. «Esto significa que, para alcanzar la trayectoria de déficit incluida en el Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo, deberían implementarse medidas equivalentes a casi un 1% del PIB (16.000 millones de euros)», dice el documento.

Para ello, la institución reclama reformar el IVA, armonizando los tipos del impuesto, una vieja reclamación, y presiona para equiparar los impuestos al diésel y la gasolina, una reivindicación europea de la que ahora el Gobierno quiere librarse para cobrar el quinto desembolso de los fondos europeos. «Tales medidas podrían sustituir a otras ad hoc y de menor calado, como el impuesto a la banca rediseñado, que debería discontinuarse al final de su plazo de tres años», destacan.

En términos fiscales, el FMI también se pronuncia sobre la propuesta que hay encima de la mesa para que el Gobierno asuma parte de la deuda pública de las comunidades autónomas. El organismo pide una «reforma integral» de la financiación autonómica, pero reconocen la dificultad para conseguirlo.

«Para reducir al mínimo el riesgo moral, dicha condonación debería estar supeditada a que cada región se comprometa a adoptar planes de consolidación creíble», dice el documento publicado este jueves. «El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), creado para reducir los costes de financiación de las regiones tras la crisis financiera mundial, debe reformarse con miras a facilitar el retorno de las regiones a los mercados, y en definitiva debería funcionar solo como una fuente de préstamos de última instancia. A tal fin, la condicionalidad de los préstamos debería reforzarse y combinarse con la ejecución de los planes de consolidación de las regiones», recomienda. 

La crisis de la vivienda, dice el FMI, aún no plantea riesgos para la estabilidad financiera «pero merece ser vigilado con atención». En este sentido, reclaman estimular la oferta de vivienda y piden impulsar la reforma de la Ley del Suelo, que el Gobierno ha tratado de impulsar ya en dos ocasiones, así como reducir burocracia y ampliar el parque social.

La propuesta de reducir la jornada legal de 40 horas semanales a 37,5 horas también ha sido objeto de estudio de la institución. Según sus cálculos, de implementarse esta propuesta, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) acumulada desde 2018 sería superior al 70%, al mantener el mismo sueldo por menores horas. Y esto podría tener consecuencias: «comenzaría a generar inquietud sobre los posibles impactos adversos en los grupos desfavorecidos».

En general, el FMI reclama preservar el importante papel de la negociación colectiva para tener en cuenta la heterogeneidad intersectorial, particularmente en lo que respecta a la distribución del total de las horas trabajadas a lo largo del año y la fijación del nivel y la remuneración de las horas extraordinarias.