FMI, Banco de España y OCDE ponen el freno a la reducción de jornada

El Ministerio de Trabajo reúne de nuevo este lunes a las patronales y los sindicatos para darle la que podría ser la puntada definitiva al recorte de la jornada legal de 40 horas semanales a 37,5 horas, tal y como se comprometieron PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno.

Esta podría ser la última oportunidad de alcanzar un acuerdo con los empresarios, después de que el ultimátum de la semana pasada quedara en agua de borrajas y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometiera a presentar una nueva propuesta a la mesa para tratar de atraerlos a un pacto del que están muy alejados.

«No me voy a levantar de esa mesa, porque creo que hay cierta posibilidad de acuerdo», dijo Díaz el viernes, durante un acto organizado por la UGT. «Vamos a ver ahí si la patronal tiene vocación de negociador o realmente tiene vocación de lo que está haciendo, que es estar en huelga de brazos caídos», insistió la vicepresidenta segunda.

Rechazo de CEOE a recortar la jornada

La falta de un acuerdo con los empresarios haría que este recorte de jornada naciera de por sí cojo. Aunque la modificación legal la van a tener que hacer los parlamentarios mediante la aprobación de un proyecto de ley, su transmisión al tejido productivo será más fácil si hay un acuerdo tripartito. También su propia tramitación parlamentaria, ya que partidos como el PNV o Junts, incluso el PP, podrían abstenerse o facilitar su aprobación si CEOE y Cepyme se suman al pacto.

Diversos organismos nacionales e internacionales han desaconsejado al Gobierno seguir con el recorte de jornada si no tiene asegurado que su implantación será flexible y a través de la negociación colectiva, algo que se complica si el pacto sale sin los empresarios.

El Banco de España desaconsejó que este recorte de jornada fuera homogéneo, aplicado de la misma manera a todas las ramas de la actividad, dado que hay sectores y territorios donde la productividad ya permite recortar el tiempo de trabajo, mientras que en otros, sobre todo los más intensivos en mano de obra y vinculados a la atención al público, será más complicado y podría afectar al tejido productivo.

«La caída observada en la duración de la jornada laboral media ha sido muy heterogénea por sectores y empresas, lo que ha permitido que dicha jornada se adecuase a las características específicas de las empresas, a sus efectos desiguales sobre la productividad y los costes laborales y a las preferencias de los trabajadores», señaló el Banco de España en el capítulo sobre el mercado laboral de su Informe anual sobre la economía española, correspondiente a 2023.

Y es precisamente esa heterogeneidad la que debe mantenerse «si se quieren evitar los posibles efectos negativos de esta medida sobre los costes laborales, la productividad y el nivel agregado de empleo y actividad».

La OCDE, a favor del recorte… pero con acuerdo

Más recientemente, la OCDE dio un espaldarazo a las pretensiones del Gobierno de coalición y del Ministerio de Trabajo, en particular, apoyando el recorte de jornada como una política positiva a explorar para conseguir ganancias de productividad.

El problema: el organismo internacional insistió en la necesidad de hacerlo de la mano de las empresas. En sus recomendaciones específicas a nuestro país, la OCDE pidió «seguir apoyando los esfuerzos de los interlocutores sociales para alcanzar acuerdos amplios y con visión de futuro como el que condujo a la reforma de 2021 o el pacto social sobre salarios de 2023».

Y, en este sentido, «aprovechar la fuerte implicación de los interlocutores sociales en el ámbito del tiempo de trabajo para promover una mejor comprensión de los efectos de una semana laboral más corta, facilitando la experimentación política y ampliando la base de pruebas». Es decir, sí a los recortes de jornada, pero siempre con acuerdo con las empresas.

Otro punto de vista lo aportó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe anual sobre la economía española. En este documento, publicado el mes pasado, la institución hizo una comparación del recorte de jornada a 35 horas que se aplicó a principios de siglo, al hilo del debate en nuestro país.

La comparación no dejó en buen lugar a la política aplicada, ya que detallaron que «las ganancias de empleo no están claras y son posiblemente pequeñas, especialmente si la reducción de la jornada semanal se hace sin reducir (semanal o anualmente) los salarios».

Así, la institución con sede en Washington abundó que «los trabajadores terminan soportando al menos parte de los costes de la reducción de la jornada laboral. Incluso si los sueldos no se recortan inicialmente, podrían seguirle años de moderación salarial. Como resultado, la proporción del trabajo podría permanecer sin cambios a pesar de un incremento inicial en el salario por hora, como sucedió en Francia».

¿Cuál es la solución que ofrecen para «minimizar las disrupciones de la actividad y mejorar la posibilidad de ganar productividad»? Que se negocie su implementación en el seno del diálogo social «para acomodarla a la existente heterogeneidad entre sectores».

Los sindicatos ya han abierto la posibilidad de negociar «contrapartidas» con la patronal, si así consiguen cerrar un acuerdo tripartito. Pero el binomio CEOE-Cepyme no parece muy por la labor, con los pequeños empresarios levantando notablemente el tono contra el Ejecutivo.