La financiación que exige Cataluña restará 14.000 millones al resto de España

La aplicación de un sistema de financiación autonómica singular para Cataluña, como ha pedido el Govern de la Generalitat, comportaría la generación de un agujero de más de 14.000 millones de euros. Así lo concluye el informe ‘Un análisis de la propuesta de “financiación singular” para Cataluña’ elaborado por la Fundación Civismo, que pone el acento sobre la inviabilidad financiera y jurídica del cupo catalán y advierte que la implementación del modelo comportaría «graves implicaciones en la equidad y el equilibrio financiero del conjunto del Estado».

Cabe recordar que la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, propuso que la Generalitat de Catalunya recaudase el 100% de los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma. De esta forma, el Govern pasaría de recaudar el 9% de los impuestos a la totalidad, lo que calcula que representa unos ingresos potenciales de 52.000 millones de euros anuales, el doble que con el modelo de financiación actual.

Caída en los ingresos del Estado

Según advierte el texto, la aplicación del sistema planteado por el Ejecutivo catalán supondría «renunciar al principio de igualdad, creando una España a dos velocidades y afectando negativamente a los servicios públicos básicos, como sanidad y educación, en el resto del país», a la vez que los ingresos del Estado descenderían de forma «significativa».

«El sistema propuesto implicaría una reducción de la recaudación pública equivalente a 13.161 millones de euros, cifra que supera el gasto total en Defensa y representa más del 15% del gasto público total en Sanidad, o el 23% del gasto público total en Educación para el año 2023″, enfatiza.

También pone el foco sobre el déficit de recaudación que, tal y como señalan los cálculos realizados por la fundación, podría escalar hasta los 14.389 millones de euros si se llegase a aplicar el cupo catalán. «Equivale a 45 veces la inversión realizada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, aproximadamente lo mismo que reciben del Fondo de Garantía las comunidades de Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura juntas», ejemplifica.

Otra de las consecuencias mencionadas es el impacto sobre la redistribución de los Fondos de Compensación Interterritorial, ya que la aplicación de la singularidad catalana podría provocar que las comunidades autónomas que actualmente se benefician por situarse por debajo de la barrera del Producto Interior Bruto (PIB), como Castilla y León o Cantabria, se vieran en la obligación de aportar al fondo, lo que alteríria «el equilibrio financiero regional».

De acabar materializándose la propuesta, insiste el informe, se produciría una caída en la recaudación del Estado de 384 euros por ciudadano en el sistema de régimen común, lo que impactaría de forma «notable» sobre las comunidades autónomas que no forman parte de la singularidad catalana.

«El sistema propuesto por los partidos independentistas catalanes carece, además, de sustento constitucional y legal, ya que no está contemplado ni en la Constitución ni en el ya reformado Estatuto de Autonomía de Cataluña ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)«, incide.

Concretamente, la Fundación Civismo asegura que la propuesta incumpliría algunos de los principios que se recogen en la Constitución como el principio de igualdad, el principio de solidaridad o la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales.