Actualizado
Feijóo tienta a Garamendi (CEOE) con privilegios en contratos públicos y ayudas fiscales para que apoye su jornada laboral flexible
Los populares circunscriben su agenda social al apoyo de los sindicatos y de los empresarios, mientras las patronales, que aún desconocen la propuesta, siguen en shock por su entrada en el debate de la jornada
Alberto Núñez Feijóo ha puesto encima de la mesa toda una batería de incentivos con los que contemporizar con los empresarios, después de que hayan acudido con sorpresa y con descrédito a la entrada del Partido Popular en un debate que ya daban por amortizado, toda vez que el Gobierno que lideran Pedro Sánchez y Yolanda Díaz está encontrando enormes dificultades para sacar adelante su promesa electoral de recortar la jornada laboral legal de 40 horas a 37,5 horas semanales.
La proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar que los populares registraron este martes en el Congreso contempla una paquete de medidas que parecen un traje hecho a imagen y semejanza de los intereses de los empresarios, una forma de compensar en parte el enfado que existe en el mundo patronal por este giro al centro de los populares, con un discurso muy similar al que defiende al Gobierno en términos del tiempo de trabajo.
Así, el PP pretende que aquellas empresas, pymes y autónomos que implementen esas medidas de conciliación disfruten de ventajas económicas, entre las que se incluyen un mejor acceso a la contratación pública o una tanda de medidas fiscales.
Feijóo propone ‘cuota cero’ para las autónomas que se reincorporan
La norma que ha diseñado el principal partido de la oposición, cuyo recorrido es incierto en el Congreso pero que resitúa políticamente a la formación, señala que «se incentivará la valoración de los criterios sociales a efectos de la contratación pública» para aquellas empresas o emprendedores «que acuerden con sus trabajadores medidas específicas de conciliación y corresponsabilidad que otorguen un mayor apoyo a la conciliación que las medidas previstas en la normativa laboral«.
Además, contempla «medidas fiscales» para incentivar la reincorporación de aquellos trabajadores -sobre todo, mujeres- que se hayan acogido a excedencias. Estas no están diseñadas al completo en la norma, pero una disposición adicional mandata al Ejecutivo a, en un plazo de seis meses, aprobar un plan de ayudas a las empresas con este fin. Entre las medidas se incluirán incentivos a la contratación de este colectivo durante 24 meses o ‘cuota cero’ para las mujeres autónomas durante los dos años siguientes a su alta en la Seguridad Social.
Los populares incluyen, asimismo, una mejora en las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para aquellas empresas que tengan que contratar a un sustituto para un empleado de baja por un permiso de paternidad o maternidad, «de forma que para la empresa no suponga un coste añadido el disfrute de este permiso».
Un Premio nacional para empresarios comprometidos
Otro de los ‘cebos’ del PP a la CEOE es la creación de un Premio Nacional de Conciliación y corresponsabilidad, que explícitamente reconocerá en este ámbito a empresas, administraciones públicas y entidades del tercer sector. Además, se contempla también el asesoramiento a pymes y autónomos por parte del Estado, con todos las administraciones «en el ámbito de sus competencias» poniendo información a disposición de estos colectivos sobre las medidas de apoyo y corresponsabilidad.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de momento no se ha dado por enterado de la proposición de ley y ha remitido a conocer las propuestas en una reunión que ya han pedido los populares, pero que aún no está agendada.
«Cuando se nos planteen los temas los miraremos, los evaluaremos y no dudéis, que bien nos conocéis, que diremos lo que consideremos, pero insisto desde total lealtad a todo el mundo, pero con la independencia de decir lo que pensamos«, respondió el líder patronal este martes al ser cuestionado por este asunto durante un acto en Logroño. el líder de los empresarios españoles.
Recelos de Ayuso
Feijóo ha tratado de distanciarse de la propuesta de recorte de la jornada que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz vinculando que cualquier aplicación en materia de tiempo de trabajo tendrá que ser acordada sí o sí por los trabajadores y empresarios en el ámbito de la negociación colectiva. Frente al recorte homogéneo que ha puesto encima de la mesa el Gobierno, el PP apuesta por dar flebilidad en la organización de la jornada, pero sin reducir el tiempo de trabajo
La «flexibilidad» por la que abogan los populares incluye que los trabajadores puedan «ajustar la jornada laboral diaria o semanal», distribuyéndola a lo largo del día o la semana, eligiendo el horario de entrada y salida «dentro de unos márgenes acordados» y recoge la posibilidad del teletrabajo en los puestos donde sea posible.
Esta es la puerta abierta por Feijóo para dar paso a la semana laboral de cuatro días, con una concentración del tiempo de trabajo en esas jornadas, aunque siempre mediante acuerdo entre empresa y trabajadores y «sin que esto implique una disminución de las horas de trabajo ni del salario».
La medida estrella es el citado «banco de horas», el cual permitiría a los trabajadores «acumular horas de trabajo adicionales, horas extra o tiempo no utilizado de permisos remunerados», que podría emplearse en días adicionales de vacaciones, de libranza o para «reducir su jornada laboral en determinados momentos sin reducir proporcionalmente sus retribuciones».
En todo momento la propuesta del PP recoge que las horas acumuladas en el banco de horas y su implementación serán acordadas entre la empresa y los trabajadores, pero «respetando en todo momento las necesidades de producción de las mismas».
También contempla la ley una exigencia legal más para las empresas, algo que seguro disgustará a la patronal y pesará un poco más en el crecimiento del tamaño de las compañías españolas. Las empresas de más de 50 trabajadores estarían obligadas a tener un «responsable de conciliación y corresponsabilidad», encargado de que se garanticen estos derechos de los empleados y de «atender las demandas de los trabajadores y establecer indicadores cuantificables para hacer seguimiento de estas».