Ni Feijóo, ni Cámaras, ni la CEOE: los empresarios están solos ante el Gobierno
Las principales organizaciones empresariales han abandonado la defensa de los empresarios, así como los principales partidos conservadores, que buscan contemporizar con una agenda ideológica establecida por la izquierda
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (c), junto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (d) , y el secretario general de la UGT, Jose María Álvarez.EFE/Quique García
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Ni la CEOE de Garamendi, ni la Cámara de Santacreu, ni el PP de Núñez Feijóo. El empresariado español, al menos su grueso, conformado por pymes y autónomos, está solo ante el Gobierno. Esta semana ha quedado atestiguado que tanto las organizaciones empresariales como los partidos conservadores los han abandonado en aras de otros intereses. Tras una nueva arreada gubernamental para subir el SMI; encarecer el despido; elevar el impuesto de Sociedades, y reducir la jornada laboral sin merma salarial, la respuesta de quienes deberían defender netamente los intereses de los pequeños y medianos empresarios ha sido prácticamente nula.
Desde el ámbito patronal no se ha percibido más que una suave crítica, en forma de comunicado por parte de CEOE, Cepyme y ATA contra la ofensiva antiempresa del Gobierno; sin embargo, su mayor cota de indignación procedía de que la iniciativa no se había negociado con ellos en la Mesa del Diálogo Social. Otras organizaciones como el Instituto de la Empresa Familiar (que recibió la noticia en pleno fasto congresual) se limitó a pedir un equilibrio entre conciliación y competitividad sin atreverse a criticar la medida, mientras que Josep Santacreu, elegido presidente de la Cámara de Barcelona tras prometer devolver la voz a las empresas, gastó su primera rueda de prensa sin una sola crítica al plan de PSOE y Sumar.
La ambigua reacción de Feijóo
Tampoco el empresariado puede confiar en que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea su contundente representante en el Congreso de los Diputados. La primera reacción del dirigente popular a la batería antiempresarial de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz fue que no había que «distraer con pirotecnia», que el acuerdo era «papel mojado» que buscaba distraer del asunto de la investidura y los independentistas, y criticó que todas las medidas anunciadas «dicen más de lo que no se ha hecho en el Gobierno en los últimos años que de lo que dicen que quieren hacer juntos». Leyendo estos argumentos, cualquiera diría que a Feijóo le parecen bien estas medidas, y la única pega que le encuentra es que no se cumplirán.
Veinticuatro horas después, ni las organizaciones empresariales ni los partidos políticos conservadores como el propio PP parecen darle mayor importancia al proyecto económico del futuro Gobierno si Sánchez se hace de nuevo con el Gobierno. Hay economistas afines al Gobierno que dicen que, si un empresario no puede subir sueldos y aligerar las jornadas laborales, que cierre ya. Por explotador. Yolanda Díaz, vicepresidenta, ha dicho que ganar 1.545 euros al mes es vivir sin «dignidad». Es casi el 90% del sueldo medio en Badajoz.
Estas barbaridades no han recibido ni una sola réplica de las instituciones que deberían defender netamente a los empresarios. Sí lo han hecho pequeñas patronales sectoriales o territoriales, pero nada vehemente de aquellas que están expuestas a la primera línea del ‘poder’. En cambio, hemos visto titubeos por parte de grandes instituciones empresariales e intentos de contemporizar con la agenda ideológica de la izquierda, con la esperanza de no ser un incordio. Por alguna especie de complejo, los representantes empresariales necesitan representar también a los trabajadores, como si los sindicatos tuvieran pensado hacer lo mismo con los empresarios.
No hay ningún Gobierno de nuestro entorno que haya aplicado una subida del 60% del SMI en cinco años. El salario medio en España es de 28.360 euros. Esto es la mitad (51%) del sueldo medio de Alemania, el 55% del de Reino Unido, o el 68% del Francia. Pues el proyecto del SMI del Gobierno supondría alcanzar el 68% del SMI en Alemania, el 70% del de Reino Unido, y el 78% del de Francia. Superaría el SMI de Estados Unidos, y sería un 53% superior al de Portugal. Con Italia no nos podemos comparar porque no hay SMI.
La propuesta de reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas es una ‘necesidad’ que ha fabricado la izquierda en la última legislatura, principalmente en Más Madrid, a la que se han sumado sindicatos. Las organizaciones empresariales, en vez de defender netamente a los empresarios, se han adherido a la causa y se han limitado a pedir fórmulas más «flexibles» para favorecer la conciliación. El propio Feijóo defendió esta iniciativa en su discurso de investidura. La propuesta de jornada máxima del Gobierno situaría de nuevo España en una de las regiones con una regulación más favorable al empleado, superada principalmente por Francia (35 horas).
También Feijóo ha defendido subir el SMI hasta el 60% del sueldo medio en España y flexibilizar la jornada laboral.
Los empresarios, cada vez más fuera de las instituciones
Lo cierto es que las principales organizaciones están cada vez menos representadas por empresarios en activo. Ni Antonio Garamendi, que preside la CEOE, compatibiliza su trabajo con el de empresario; ni tampoco lo hace el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez-Llibre; ni tampoco el presidente de Pimec, Antoni Cañete, impulsor de la nueva plataforma Conpymes. Son ejemplos de las organizaciones más grandes, pero unos entre muchos si se hiciera el cálculo.
De hecho, la última tendencia en el ámbito de la gran patronal es «profesionalizar» los puestos de máxima dirección. Es decir, que los presidentes de las organizaciones sean cargos ejecutivos no compatibilizados con la empresa. Es decir, expulsar de las organizaciones a los empresarios en activo, quienes más sufren en sus carnes un agenda económica hostil. Además, la paulatina salida de empresarios de los comités de representación patronal se va supliendo con el fichaje de expolíticos y ‘gente de partido’, más destinados a la función de lobby con unos y con otros.
La mano derecha de Antonio Garamendi en la patronal es la expolítica Fátima Báñez (también muy cercana a Núñez Feijóo); Sánchez-Llibre en Foment ha incorporado también a expolíticos de distintos partidos, como Elsa Artadi o Vicente Martínez Pujalte, y Pimec acaba de incorporar en Madrid como representante permanente al exdiputado Ferran Bel. Es una aproximación eficaz a los núcleos del poder político, naturalmente, pero es difícil que una política hostil a la empresa indigne a las instituciones patronales cuando estas están cada vez más carentes de empresarios y más llenas de políticos.
La patronal, o patronales, han pactado y aceptado en España la reforma de las pensiones y la reforma laboral, por ejemplo. Ambas contrarias a los intereses de los empresarios. La primera, que CEOE aceptó sin rechistar, desencadenó una subida de cotizaciones sociales que repercute (y lo hará más) en la empresa. Estas reformas tienen en su fondo la misma base: la falta de estabilidad o sostenibilidad de la economía española debe compensarla el empresario o la empresa. Y las patronales están legitimando este relato.
Hay algunas batalla que la economía española puede dar por perdidas. Una de ellas es el fiasco de los fondos europeos. Recientemente publicaba ECONOMÍA DIGITAL que apenas 8 de cada 100 euros terminará en las cuentas de pymes y autónomos. No ha habido ni una sola crítica del ámbito patronal. En cambio, la propia CEOE ha decidido montar su propio negocio, que cobra para resolver a las empresas los problemas de opacidad y arbitrariedad de estas ayudas. Lo que debería estar combatiendo públicamente.
