Feijóo, el Gobierno y una presión fiscal de 40.000 millones le complican la vida a la pyme
Las últimas propuestas de Feijóo en materia de conciliación arrinconan la prioridad de fomentar medidas para las empresas españolas y buscan contemporizar con la política del Gobierno
Mala semana para las empresas españolas, sobre todo para las pymes. El tejido empresarial español ha visto cómo nacía una nueva propuesta que pretende intervenir la organización interna de las empresas, pero esta vez, procedente del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que ha presentado una ley de conciliación para los trabajadores que, en su intento de ‘suavizar’ la propuestas de recorte de jornada del Gobierno, han terminado por introducir nuevos requisitos para las pequeñas y medianas empresas.
Un proyecto de ley de Feijóo que, en el hipotético caso de prosperar en el Congreso de los Diputados, obligaría a las empresas a aplicar nuevos mecanismos de flexibilidad horaria con los empleados y un régimen de conciliación adicional. Medidas que tienen todas las grandes empresas pero a las que no están obligadas las de menor tamaño. Una de ellas, como ha publicado en primicia ECONOMÍA DIGITAL, es la creación de un «responsable en materia de conciliación» en los departamentos de Recursos Humanos para aquellas sociedades con más de 50 empleados.
Feijóo recarga a las pymes de más de 50 empleados
La realidad es que el 99,4% de las pymes en España no supera los 50 empleados porque, más allá de su capacidad de crecimiento, el Estado exige una serie de cargas burocráticas y regulatorias cuando la empresa contrata a su 50 trabajador, entre ellos costes de auditoría, reserva de puestos para personas con discapacidad, planes de igualdad, representación legal de los empleados o comités de seguridad y salud. Las empresas hasta 50 empleados son pequeñas y mantienen la categoría de pymes hasta los 250 trabajadores.
Las pymes en España han visto incrementarse la presión fiscal en tres puntos en los últimos años (2021-2023), por encima del 42% del PIB, asumiendo una presión fiscal de 43.000 millones según datos de la patronal de pymes, Cepyme. Desde 2018, las empresas han sufrido una subida del SMI del 54%; una inflación de 17 puntos acumulados; una reforma de las pensiones que ha conllevado cotizaciones sociales más altas y recargos de solidaridad/sostenibilidad para hacer frente al pago de las pensiones, que han conllevado un crecimiento de los costes laborales en 10 puntos porcentuales; un desplome de facturación y beneficios, y un encarecimiento brutal del crédito por la subida de los tipos de interés.
Ante esta realidad, la pyme española no ha contado con ningún apoyo por parte del Gobierno español, que ha hecho bandera económica en los últimos años con la necesidad de subir los impuestos a la empresa, por un lado, y incrementar los sueldos y condiciones de los trabajadores en general. Una política antiempresa natural en un Gobierno de coalición entre la izquierda y la extrema izquierda.
Feijóo compra las tesis posmarxistas de Sumar sobre el trabajo
No es tan natural que el principal partido de la oposición, el PP, haya entrado en el marco mental del Gobierno y haya buscado contemporizar con medidas menos agresivas. A juicio de este periódico, Núñez Feijóo compra el relato de ciertas tesis posmarxistas que ha instalado Sumar donde, una vez abandonado la lucha por la producción, han entrado en un relato donde el ‘trabajo es malo por definición’ y que la redención del trabajador vendrá por la eliminación o reducción al máximo del trabajo, y no por el control o producción de los medios de producción.
De la misma forma, en un escenario de dificultades en los negocios de las pymes, tampoco se ha escuchado al PP criticar la desmedida subida del SMI en los años de Yolanda Díaz, o los impuestos a bancos y energéticas, que lejos de rechazarlos de pleno, han optado por reconvertir en otras figuras tributarias con la firma popular.
No está mal, naturalmente, que los partidos políticos propongan medidas para favorecer la conciliación de sus trabajadores. Sin embargo, resulta desolador que ningún partido, no ya el Gobierno sino dentro de la oposición, hayan establecido como una prioridad aliviar la situación fiscal, administrativa y laboral de las empresas, en un entorno donde el crecimiento económico bruto deslumbra sobre la realidad concreta, no tan boyante, de muchos negocios en España.