Los funcionarios presionan con Muface a Óscar López ante su batalla con Ayuso: «no querrá meterse en un lío»

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que reúne a 45 organizaciones de trabajadores públicos en el escalafón más alto de la Administración, ha advertido de que el fin de Muface pone en riesgo la atención sanitaria a aquellos funcionarios desplegados en el exterior, muchos de los cuales se encuentran en países con sistemas de salud deficitarios.

La presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca, ha denunciado que una decisión como la potencial extinción de Muface se tome «de la noche a la mañana», sin estar «estudiada, ni fundamentada», dejando a un colectivo de 1,5 millones de funcionarios en una situación de «incertidumbre».

En este sentido, específicamente sobre aquellos trabajadores públicos en el extranjero, Ercoreca ha subrayado que se encuentran «preocupados pensando en que se van a quedar sin protección ni cobertura sanitaria», muchos de los cuales han tenido que desplazarse con sus familiares. En concreto, la presidenta de Fedeca ha cifrado en más de 8.000 los funcionarios que se encuentran en esa situación, sin contar con sus más cercanos.

Además, consideran que el coste de Muface es, per cápita, más bajo que el del sistema nacional de salud y, además, permite descongestionar las listas de espera y evitar el colapso de la atención primaria, al derivar a más de un millón de personas a la sanidad privada.

Fedeca ha organizado una jornada sobre el futuro de Muface cuando quedan pocas semanas para que termine el año y los contratos en vigor, que conceden atención sanitaria a los funcionarios hasta el próximo 31 de enero, y han advertido de que algunos de los mutualistas ya están sufriendo la potencial extinción del régimen, al no recibir citas para sus tratamientos, en previsión de las aseguradoras de que decaiga.

El abogado del Estado Edmundo Bal, exdiputado de Ciudadanos, ha participado en la jornada después de haber protagonizado una encendida defensa de Muface, que fue muy polémica en redes sociales. «Esto se ha planteado de una forma precipitada, de manera completamente ideológica y sectaria», ha lamentado.

Bal ha reclamado que la equiparación de la atención sanitaria debería ser total entre funcionarios y el resto de ciudadanos, si así lo quiere hacer el Estado, no solo eliminando Muface, sino garantizando que los empleados públicos reciben también medicinas gratis o pensiones calculadas sobre el total de lo percibido, «derechos adquiridos que no puedan ser expropiados» por el Gobierno de turno.

El exdiputado, que lideró la candidatura de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid en 2021, ha reclamado al Ministerio de Función Pública negociar. Incluso ha propuesto que el Ejecutivo negocie una póliza colectiva para los funcionarios y que se pueda hablar de establecer un «copago» por parte del colectivo para asegurar esa atención.

Los intervinientes han celebrado las nuevas responsabilidades del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, elegido como secretario general del PSOE madrileño. «Ahora mismo el ministro competente por razón de la materia no puede permitirse abrir el melón: 1,5 millones de funcionarios en la calle, tal y como están las cosas… Por su propio bienestar político, me imagino que tendrá continuidad el sistema«, ha deslizado Bal.

Una opción que ha compartido el interventor y auditor Garcés, exdiputado y ex secretario de Estado en el Gobierno de Mariano Rajoy, señalando el «pragmatismo» de López: «Ahora que tiene otras responsabilidades, estoy convencido de que no se va a meter en ningún lío porque es innecesario e ilógico«.